La Junta cambiará la ley para ayudar a los promotores eólicos

La Junta de Andalucía va a liberar de los avales depositados por los promotores eólicos de los últimos 32 proyectos autorizados en la comunidad. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía pretende así mejorar la situación financiera de una decena de grupos empresariales que tienen comprometidas fuertes inversiones en la región y que, tras la modificación de la normativa estatal, han visto paralizados sus proyectos, que iban a suponer más de 790 millones de euros de inversión y más de 3.200 empleos.

La Junta adjudicó en febrero de 2009 un total de 500 MW de potencia a 32 proyectos eólicos presentados por 13 grupos industriales. La operación iba a suponer en total una inversión de 600 millones de euros y la creación de más de 3.200 empleos, destinados a la construcción de los citados proyectos eólicos, y de otros 190 millones en inversiones en planes industriales y de I+D que la Junta había valorado a la hora de adjudicar las autorizaciones entre los 43 promotores que se presentaron al concurso. En total se aprobaron 32 proyectos por 500 MW de los 210 proyectos eólicos presentados por más de 4.513,5MW.

Las empresas podrán abandonar los proyectos y recuperar avales

Los proyectos adjudicados por la Junta estaban repartidos por toda la geografía andaluza y, según se establecía en la convocatoria, deberían haber entrado en funcionamiento antes de que finalizase el año 2010. Además, la orden andaluza aseguraba que los proyectos priorizados disponían ya de viabilidad de acceso y conexión a la red eléctrica, confirmados por los propios operadores del sistema eléctrico, según informes presentados por REE y Endesa Distribución.

De la misma forma, la Junta puntuó más en el concurso a aquellos proyectos que llevaban asociados el desarrollo de un plan industrial, ya que la orden establecía que los parques solicitados podían incluir proyectos empresariales con inversiones en activos fijos superiores a seis millones de euros, o bien el desarrollo de proyectos de I+D+i en la región por un importe superior a cuatro millones de euros. En ambos casos estos proyectos deberían ejecutarse en los cuatro años siguientes a la resolución.

De esta manera, la Junta anunció que los proyectos autorizados llevaban aparejados la puesta en marcha de 10 planes industriales: tres de ellos correspondían a proyectos empresariales, cinco a proyectos de I+D+i y dos adicionales conformados por iniciativas de ambos tipos. En total, según la información que transmitió la Junta en febrero de 2009, estos proyectos supondrían una inversión para Andalucía de más de 190 millones de euros lo que, unido a las inversiones de las instalaciones eólicas adjudicadas, sumaban en total 790 millones de euros.

El cambio de la normativa estatal en mayo de 2009 llevó al traste a la mayoría de los 32 proyectos andaluces adjudicados por la Junta. El Gobierno central creó un Registro de Preasignación de Retribución central [una lista para filtrar las peticiones de subvención y frenar la especulación] y quitó las competencias de autorización de los parques eólicos a las comunidades autónomas.

El Estado incrementó las condiciones necesarias para entrar en la adjudicación y exigió, entre otras, la necesidad de tener finalizado el proceso de acceso y conexión a la red, requisito que no cumplían los proyectos señalados. El Ministerio de Industria dejó fuera a 30 de los 32 proyectos andaluces, según fuentes de la Junta, lo que ha supuesto un freno a las inversiones y, por otro lado, un problema económico más para las empresas, que tienen comprometidas fuertes sumas en avales depositados ante la Administración autonómica.

La Junta tiene en fase de estudio para su aprobación inmediata una modificación de la Orden de 29 de febrero de 2008, que regulaba la concesión de los citados parques eólicos, para permitir la devolución de las garantías depositadas por las empresas que no consiguieron la autorización estatal y que están a la espera de una nueva convocatoria del ministerio.

Además, la modificación incluirá otros dos puntos de interés: se flexibilizarán los supuestos generales de devolución de avales de la citada orden y se permitirá que los promotores que decidan no continuar con el proyecto eólico ante la nueva situación planteada puedan recuperar la totalidad de los avales depositados.

De igual forma, la Junta va a adaptar los plazos previstos de terminación de los proyectos de instalaciones eólicas y los planes industriales y proyectos de I+D+i asociados, para que se adapten a los plazos de la normativa estatal.