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Las compañías eléctricas recibieron ayer el decreto de Industria con satisfacción contenida. Se les impone un nuevo peaje, cierto. Asumen la financiación de medidas de ahorro, también cierto... pero, a cambio, el Gobierno reafirma el compromiso de acabar con el déficit en tres años, entra a fondo en un negocio muy criticado por las compañías tradicionales, el fotovoltaico, y permite la subida de las tarifas un 10% de un solo golpe.

Fuentes de las eléctricas destacaron ayer que, aunque en la norma faltan medidas como la mejora de retribución a la distribución o pagos por garantía de potencia a determinadas instalaciones, es un paso adelante. "Contribuye a la seguridad del sistema y muestra que el Gobierno ha decidido atajar los problemas", aseguraba el portavoz de una de las grandes compañías.

Para el sector fotovoltaico, la lectura era la opuesta. La Asociación Empresarial Fotovoltaica, AEF, calificó el decreto de "claro atentado contra el sector solar fotovoltaico y la economía y política energética sostenible" por recortar las horas con derecho a tarifa a entre 1.250 y 1.644 al año según tipo de instalación.