Ordóñez exige fuertes penalizaciones por la ruptura de uniones de cajas

Las fusiones frías se calientan. Tras el ultimátum del Banco de España para que antes de fin de año las cajas que han pactado unirse mediante Sistemas Institucionales de Protección (SIP) ejecuten su integración, las entidades han acelerado el paso. Ayer se ejecutaron las integraciones conocidas como Caja 3 y Mare Nostrum. Los contratos de los SIP están incluyendo en todos los casos, por exigencia del Banco de España, una fuerte penalización para las entidades que quieran abandonar la integración.

El objetivo es trasladar el mensaje de que esas uniones son irreversibles, y así lo consideran los ejecutivos de las entidades implicadas. Los contratos de integración se están firmando por plazos mínimos de 10 o 15 años tras los cuales la unión se convierte en indefinida. Con 24 meses de antelación a que venza el plazo inicial, las entidades pueden pedir no convertir el acuerdo en indefinido, pero en esos casos es cuando opera la penalización.

Las sanciones tienen carácter disuario para que no haya marcha atrás

Así, los contratos de los SIP están fijando que las entidades que quieran romper una fusión fría estarán obligadas a abonar una penalización por importe equivalente a un 30% del total de los recursos propios computables de la caja, tal y como comunicó ayer Mare Nostrum (Caja Murcia, Granada, Penedès y Sa Nostra). Ese 30% se calcula sobre los recursos propios del grupo consolidado multiplicados por la participación de la caja en cuestión en el banco que sirva de vehículo al SIP, tal y como recoge el contrato de integración de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades.

Esa penalización del 30% del patrimonio es completamente disuasoria para cualquier entidad. Esas cláusulas, junto al establecimiento de plazos mínimos de integración muy largos, la puesta en común del 100% de los resultados (y, en algunos casos, cada vez más, del 100% de los activos y pasivos) y los planes de integración operativa hacen que las fusiones frías sean operaciones irreversibles en la práctica.

El diseño de los SIP obedeció en gran medida a las dificultades que implicaban las fusiones tradicionales ante las autoridades autonómicas, sobre todo cuando se trataba de entidades de diferentes comunidades. Conservar personalidad jurídica, la marca y la obra social hacían más fácil transigir con las fusiones, aunque en realidad han sido las dificultades financieras de algunas entidades las que permitieron dar el impulso definitivo al proceso.

Pero una vez que se han ejecutado las fusiones frías, nadie cree que haya vuelta atrás. Por si hubiera alguna duda, el Banco de España se ha reservado la última palabra. La reforma de la ley de cajas estableció en julio pasado que cuando una caja quiera separarse de un sistema institucional de protección, "el Banco de España valorará tanto la viabilidad individual de la entidad que pretenda abandonar el sistema, como la de este último y la del resto de las entidades participantes tras la pretendida desvinculación".

Dadas las penalizaciones establecidas en los contratos, esa viabilidad se valoraría con un 30% de recursos propios computables menos, con lo que parece difícil imaginar que se vaya a producir ninguna marcha atrás en el proceso de integración.