El PP llevará a las Cortes la reforma del Estatut sin garantía de consenso

"Hay que hacerlo con la máxima celeridad porque es una reforma muy concreta de un artículo único", dijo ayer el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, en referencia a la modificación de la reforma del Estatut d'Autonomia de 2006 que promueve el Consell para incluir una cláusula de territorialización de inversiones que el PP se negó a introducir entonces porque la consideraba inconstitucional. Tras reunirse con el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, que el martes no asistió a la reunión convocada con los representantes de los grupos, Castellano reiteró la voluntad de "total consenso" y "total participación", pero también confirmó que el Consell, una vez cuente con los informes del Consell Jurídic Consultiu, que se reunió ayer, y del Comité Económico y Social, que lo hará el día 22, prevé aprobar el proyecto de ley de reforma del Estatut antes de que acabe el año para remitirlo a las Cortes aunque no tenga garantizado el consenso de los demás grupos.

El Consell prevé mandar el proyecto a la Cámara antes de que acabe el año

Luna califica de "estilo chapuza" la forma en que se plantea la iniciativa

La reforma del Estatut, que copia la fórmula andaluza para que las inversiones del Estado se distribuyan durante siete años en función del peso de la población valenciana en el conjunto de España, debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios de la Cámara autonómica, tendrá que recibir el visto bueno de las Cortes Generales y ser sometida a referéndum. Cuando quedan solo unos meses para el final de la legislatura, el PP tiene intención de tramitar el proyecto por el procedimiento de lectura única, que impide presentar enmiendas. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha evitado comprometerse personalmente en la iniciativa, al contrario de lo que hizo en la reforma de 2006, cuando escenificó el acuerdo con el entonces líder de los socialistas, Joan Ignasi Pla, y el nuevo texto estatutario fue sometido a estudio y debate en una comisión especial de las Cortes Valencianas. Castellano negó ayer que esta reforma, solo cuatro años después de la anterior, revele el "fracaso" de aquel pacto ni implique reconocimiento alguno de que el PP se equivocó al imponer su concepción restrictiva de la Constitución a los intereses de los valencianos. "La reforma de 2006 fue modélica", alegó Castellano. "Estamos tremendamente orgullosos de ella". Y añadió: "Ahora hay que reformarla".

Luna incidió en todos esos aspectos a la salida de la reunión con el consejero de Gobernación. "Va a traer problemas en el conjunto de España", advirtió el portavoz socialista, que recordó las polémicas suscitadas por otros estatutos de autonomía. "Queremos saber cuál es el grado de compromiso del presidente Camps con este asunto", añadió, tras indicar que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, se ha pronunciado repetidamente por una restricción de las competencias y la financiación de las comunidades autónomas. "No nos vale con decir que lo ha aprobado el Consell", comentó. "Queremos conocer de primera mano la opinión del presidente de la Generalitat".

Luna volvió a asegurar que su grupo, que ya propuso en 2006 introducir una disposición en la que se estableciera el blindaje de inversiones para la Comunidad Valenciana, no renunciará a nada que beneficie la financiación o las inversiones, pero se mostró contrario a un proceso que implique "abrir el melón" de una reforma más amplia del Estatut sin conocer los estudios e informes en que se basa. "No se puede hacer con las formas y el estilo chapuza con que lo están haciendo", lamentó, para apuntar que, en el caso de que se llegara a la conclusión de que hay que "rehacer completamente" el texto estatutario, no parece que el tramo final de la legislatura sea el momento adecuado.

Castellano insistió en que el presidente Camps "lidera" la propuesta, que calificó de "muy seria" y dijo que está "avalada por dos comités de expertos". El consejero de Gobernación reafirmó el criterio del PP, que llevó al partido a recurrir varios estatutos de autonomía, de que en las cartas autonómicas no debe regularse la financiación. Dado que el PP perdió esos recursos, Castellano explicó: "Aunque no somos partidarios de ese modelo y por eso lo recurrimos en su día, una vez que se pronunció el Tribunal Constitucional, no nos queda otro camino que no sea la reforma del Estatut para que no se tenga excusa formal de que no venga el mismo dinero".

Luna puntualizó, en este sentido, que los Presupuestos Generales del Estado hablan específicamente de inversiones territorializadas desde 2006, "no solo en Andalucía y Cataluña, sino también en Aragón, Castilla-León y Baleares". Luna preguntó qué estudio comparado de esos estatutos fundamenta la propuesta del Consell.