El Consejo del Poder Judicial aleja a De la Rúa del 'caso Gürtel'

Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, abandonará su puesto el próximo día 13 y dejará desde entonces de intervenir en el caso Gürtel. No podrá seguir tomando decisiones sobre el asunto de los trajes en el que está imputado por cohecho pasivo impropio el presidente Francisco Camps, quien se refirió públicamente a De la Rúa como "más que amigo". El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) colocará a De la Rúa en situación de comisión de servicio. Es decir, el todavía presidente del TSJ (lo es desde hace más de 11 años, los últimos 18 meses en situación de prórroga) tendrá un trabajo desde Valencia para el CGPJ que aún está por determinar.

Así se zanja una dura polémica y unas no menos intensas presiones desde la Presidencia de la Generalitat para que De la Rúa se quedara adscrito a la sala de Lo Civil y Penal, de modo que pudiera seguir interviniendo en la causa derivada del Gürtel que mantiene imputados, además del presidente Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos, al ex secretario de los populares valencianos, Ricardo Costa, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. El presidente Camps quería a De la Rúa en esa sala. Y De la Rúa prefería ese destino a la sala de Lo Social, de la que venía, una jurisdicción con una carga de trabajo muy superior a la de la sala de Lo Civil y Penal.

La fórmula que el sector conservador en el CGPJ barajaba era la de magistrado adscrito a la sala. Una fórmula aplicada por la comisión permanente del CGPJ al ex presidente del TSJ del País Vasco, Fernando Pérez Piñeiro. La adscripción es una situación temporal en expectativa de plaza.

Quedarse como adscrito en la sala de Lo Civil y Penal convencía cada vez más a De la Rúa, especialmente si la única alternativa era ir a la sala de lo Social, sin presidirla. Él mismo ha comentado que no se siente en disposición de afrontar la disciplina que supone la actividad de la sala, que abandonó hace más de una década. Y en las últimas semanas convenía cada vez menos a un sector importante de la sala de Gobierno y a los conservadores del CGPJ. ¿Por qué? Porque la decisión afectaría directamente a Pilar de la Oliva, la juez conservadora que será presidenta del TSJ desde el próximo 13 de diciembre y cuyo proyecto al frente de la institución ha provocado una amplia complicidad de los progresistas. Para los conservadores, que aspiran a que la sensibilidad de la sala de Lo Civil y Penal por el caso en el que está imputado Camps no decaiga, pasó a ser importante mantener desvinculado a De la Rúa de la futura presidenta.

De no haber existido un acuerdo en el CGPJ para arbitrar la comisión de servicio, cuyo contenido aún está por determinar y sorprendentemente tendrá que ver con la Comunidad Valenciana cuando ya hay dos vocales territoriales, Pilar de la Oliva se hubiera visto obligada a tomar una decisión. Hubiera tenido que ser ella, desde la presidencia de la sala de Gobierno del TSJ, la encargada de pronunciarse sobre el destino profesional de De la Rúa. Y cualquier posición hubiera sido comprometida para ella.

Pero otro factor ha intervenido en este escenario: el Consell Jurídic Consultiu. Camps está dispuesto a que De la Rúa se coloque al frente de ese órgano. Es el destino habitual de los presidentes que abandonan los TSJ, en el caso de que la institución exista en su estatuto autonómico. Pero además, Camps ha contado con refuerzo para que ese pueda ser un destino para De la Rúa. Ese refuerzo, entre otros, ha venido del propio CGPJ.

El problema respecto al Consell Jurídic Consultiu es, cuando menos, doble: el actual presidente, Vicente Garrido, un hombre que goza de la confianza de la presidencia Generalitat y sus aspiraciones no están en colocarse al frente de una consejería (se le puso fácil hacerse cargo de Justicia, sin éxito). A ello se suma que las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo para renovar el órgano autonómico. Por eso precisamente, porque se prevé una dura negociación para sacar adelante la nueva composición del Consell Jurídic Consultiu, es por lo que, entre tanto, De la Rúa tendrá una ocupación, todavía por determinar, para el CGPJ.

La pretensión de De la Rúa, coincidente con la de Camps, de permanecer en la sala de Lo Civil y Penal ponía en evidencia nuevamente la situación extraordinaria del alto tribunal valenciano: De la Rúa no se abstuvo de decidir en una causa que archivó y el Tribunal Supremo le obligó a reabrir y en la que está después de haber sido señalado como "más que amigo" por Camps. En el caso de Cataluña, donde María Eugenia Alegret perderá también la presidencia del TSJ, irá como adscrita a la sala de Lo Civil y Penal porque, en efecto, hay una plaza vacante. Cosa que ni ocurrió en el País Vasco ni ocurre en la Comunidad Valenciana.

De la Rúa, que hace semanas hizo la mudanza de la vivienda que ha ocupado durante estos años en el Palacio de Justicia, pagada por la consejería, se queda fuera de lo que ha sido su carrera: juzgar.