Las emisiones valencianas de CO2 suben en 20 años el triple que la media española

Las emisiones de gases de efecto invernadero han subido un 75% en la Comunidad Valenciana desde 1990, año base de control para la reducción establecida por el Protocolo de Kioto. Así lo revela el informe anual, correspondiente a 2009, elaborado por Comisiones Obreras del País Valenciano (CC OO-PV). Según el informe hecho público ayer, la valenciana se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor incremento, ya que triplica, en su aumento, la media española, que es del 28,5%. Y eso a pesar del descenso del 11% experimentado en 2008 y 2009 como consecuencia, fundamentalmente, de la crisis económica, que ha producido una caída de la actividad industrial.

La valenciana es la quinta de las 17 comunidades autónomas donde más han aumentado las emisiones de CO2 los últimos 20 años, detrás de Canarias (95,9%), La Rioja (90,2%), Baleares (77,3%) y Murcia (75,6%). En cifras absolutas, esas emisiones representaron en 2009 el 8,2% de las registradas en España, mientras la población supone el 10,8% y el producto interior bruto (PIB) es el 9,7% del español. Las emisiones por habitante, en consecuencia, son bajas (6 toneladas per cápita frente a una media española de 7,9), pero CC OO-PV advierte en su informe: "El menor porcentaje de emisiones por habitante del País Valenciano responde a que parte de la electricidad consumida se genera en la central nuclear de Cofrentes (que plantea otros problemas más graves, como los residuos radiactivos, pero no emite CO2 durante su funcionamiento) y a la ausencia de centrales termoeléctricas de carbón".

Además, señala el informe, "el País Valenciano importó en 2009 el 5,5% de la energía eléctrica. Esto significa que nuestras emisiones per cápita reales son superiores a las computadas".

Destaca el informe de la Secretaría de Medio Ambiente de Comisiones Obreras del País Valenciano que "no hay una relación mecánica entre el desarrollo económico y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero". Compaginar el crecimiento del PIB y el descenso del consumo de energía es posible, según el estudio, no solo porque lo demuestran algunas experiencias internacionales sino también la experiencia española en 2006, cuando se produjo un descenso de las emisiones "en pleno ciclo de crecimiento económico, gracias a políticas de contención del consumo y de un crecimiento de las energías renovables que no tuvo reflejo en el País Valenciano".

Eso ocurrió, según el informe, porque en el territorio valenciano fueron más acentuadas que en el conjunto de España "las políticas de promover el transporte privado, la especulación urbanística, el modelo de urbanismo disperso y el desarrollismo a ultranza".

El caso del transporte es muy expresivo. Según los datos del informe, el transporte, que representa el 37% del total de emisiones valencianas de gases de efecto invernadero, ha experimentado un crecimiento del 93% de emisiones desde el año 1990. Por ello, en estos momentos, representa el 45% del incremento total de las aportaciones de CO2 que se efectúan a la atmósfera en la Comunidad Valenciana.

"Esto pone de manifiesto", señala el documento, "la debilidad del transporte público y la falta de políticas de apoyo por parte de la Generalitat. Las industrias del cemento y del sector energético en el País Valenciano (centrales de ciclo combinado y refinería de Castellón) han contribuido en gran medida al aumento de emisiones, pero solo explican una parte del crecimiento experimentado. La otra parte se explica por un modelo energético con baja presencia de energías renovables, débil presencia del transporte público y un urbanismo disperso, altamente consumidor de energía que el Gobierno valenciano no ha modificado".

En opinión de CC OO-PV, la baja implantación de las energías renovables, que representan el 3,2% de la energía primaria consumida por los valencianos, lo que no llega ni a la mitad de la media española, que es del 7,4%, convierten este en un punto "realmente débil", que demuestra "el bajo compromiso de la Generalitat con el desarrollo del sector energético renovable".

El informe de CC OO-PV, que recuerda que el plan nacional ha asignado derechos de emisión a un centenar de instalaciones industriales valencianas, destaca que ese mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y la directiva europea que lo regula obligan a "disponer de datos fiables lo más desagregados posibles". De ahí la elaboración de su informe por comunidades autónomas, con una metodología adaptada a las normas del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Un informe que apuesta en sus conclusiones por las energías renovables, de las que apunta que podrían alcanzar los 19.075 puestos de trabajo en 2020 en el País Valenciano, y que reclama "una planificación energética, un cambio profundo y una voluntad política por parte del Gobierno valenciano, hasta ahora inexistente".