La neutralidad de la Red se tambalea

El Gobierno español deja la puerta abierta a romper el principio de neutralidad de la Red que consagra, en su formulación estricta, que los operadores han de dar la misma calidad de Internet a todos, independientemente del servicio de que se trate. En su respuesta a una encuesta lanzada por la Unión Europea sobre el tema, el Gobierno acepta que las operadoras y proveedores de servicios o contenidos puedan acordar tarifas específicas para que su oferta desde Internet tenga más calidad. La Administración española pone como condición que no se perjudique la competencia. Es decir, que una operadora pueda castigar con menos velocidad a un servicio digital de un competidor.

Este escenario se contempla especialmente en la telefonía móvil, donde el crecimiento de los servicios de Internet que absorben mucho tráfico son difíciles de sostener con las actuales capacidades de las redes.

El documento asegura que debe mantenerse el principio de neutralidad tecnológica, pero reconoce que, en la práctica, se seguirán criterios distintos para las redes de telefonía fija y móvil. El texto acepta que pueda existir "una variedad de servicios de comunicaciones, de diferentes características y precios, que se ofrezcan a los diferentes prestadores de contenidos y aplicaciones en línea, y asimismo que estos prestadores lleguen a acuerdos particulares con los operadores para obtener servicios adecuados a las características de los productos que pretenden ofrecer, sin que quepa calificar a priori como 'discriminación indebida' la coexistencia de esta variedad de servicios y acuerdos".

Para Jorge Pérez, catedrático de la Politécnica de Madrid y coordinador del foro español de la gobernanza de Internet, el documento es razonable. "La neutralidad de la Red, de hecho, ya no existe, porque, sobre todo en la telefonía móvil las necesidades de gestión, para evitar congestiones o para satisfacer el nivel de calidad de algunos servicios como la telefonía IP, ya se administra el tráfico". Para Pérez, el texto distingue los servicios básicos iguales para todos y los servicios gestionados para los que se podrán pactar precios distintos. En los pactos para estos últimos entrarían las operadoras y los proveedores de contenidos o de servicios, como los buscadores. "El texto admite este escenario, para que las operadoras, que necesitan realizar grandes inversiones para mejorar las conexiones, puedan dar servicios distintos a clientes distintos. El problema es que no usen esta capacidad de discriminar el tráfico para penalizar a competidores". Para Pérez, en un escenario de crecimiento exponencial de Internet, nadie tiene la fórmula para salir del atolladero. "Por eso, de momento se confía en el marco regulatorio vigente, que controla muy directamente a las operadoras, pero no, por ejemplo, a los proveedores de servicios. Se confía en las leyes de la competencia y de protección al consumidor. Y se propone el camino de la autorregulación".

Muy distinta es la opinión de Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas (AI). "El documento no se centra en los problemas (que ya existen aunque no los vean o quieren ver) de neutralidad de la Red. Al parecer, el Gobierno no sabe (o no quiere saber) que la VoIP (Skype) y el P2P están limitados, o bloqueados, en las redes móviles". Para la AI, es "inaceptable" que el Gobierno considere algo "normal" el que las operadoras hagan gestión de tráfico por motivos comerciales. Solo debería graduarse el tráfico por razones técnicas. "En definitiva, un documento muy light de mero trámite en el que de nuevo el Gobierno se posiciona más del lado de las operadoras que del lado de los ciudadanos".

Por el contrario, Rafael Achaerandio, director de análisis de la consultora IDC, considera que los comentarios incendiarios que ha visto en la blogosfera no tienen razón de ser. "La neutralidad de la Red ya no existe en la parte de la demanda porque las operadoras ofrecen a sus clientes velocidades y servicios distintos con tarifas distintas. El tema se centra en la oferta de contenidos o servicios desde Internet. Creo que debe darse a las operadoras un margen para negociar servicios de mayor calidad a mayor precio -si alguien quiere ir con Ferrari debe pagarlo-, sin que ello les permita excluir a personas o empresas que tienen derecho a estar y comunicarse desde Internet a un precio razonable". Para el analista, si se reduce el papel de las operadoras a gestores de tuberías no van a tener incentivos ni modelo de negocio para invertir.