De la Rúa quiere seguir con los casos que afectan a Camps

No lo ha hecho formalmente, pero sí lo ha hecho llegar. Juan Luis de la Rúa, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quiere seguir con los casos que afectan al presidente Camps. Entre volver a la sala de Lo Social y ser adscrito a la sala que ha presidido, el "más que amigo de Camps" prefiere lo segundo. En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) saben de esa intención. Y a un sector importante no le gusta. Aunque esa decisión, en cualquier caso, la tomaría la comisión permanente, formada por cuatro vocales y el presidente, con voto de calidad este último.

De la Rúa ha dicho a muchos de los próximos que no quiere abandonar la sala de Lo Civil y Penal. Estaría cómodo en la sala de Lo Social, de la que proviene, que se ocupa de una materia en la que es un experto y por la que es extraordinariamente reconocido en la carrera. Es, eso sí, una sala con mucha más carga de trabajo que la de Lo Civil y Penal. Pero De la Rúa ha dejado saber que prefiere esta última sala, la que ha presidido, con mucho menor carga de trabajo y donde están los asuntos que afectan al presidente Camps: los trajes, por los que está imputado por supuesto delito de cohecho pasivo impropio; y donde previsiblemente estará la causa derivada del caso Gürtel por supuesta financiación irregular del PP valenciano y delito electoral, entre otros.

No ha hecho una petición formal pero ha dejado saber su preferencia

De la Rúa cesará formalmente entre el 26 de noviembre y el próximo 3 de diciembre. Hasta entonces tiene posibilidad de intervenir en aquello que generen las dos causas. De hecho, la sala tiene pendiente pronunciarse sobre la competencia de la causa de la financiación irregular del PP, en la que están implicados varios altos cargos del Gobierno que preside Camps. Está previsto que la deliberación se celebre en las próximas semanas. Será después del cese cuando el CGPJ comunique la situación de disponibilidad de De la Rúa a la sala de Gobierno del TSJ. Habitualmente, el CGPJ manda una comunicación y es la comisión permanente de la sala de Gobierno la que decide la adscripción del magistrado. Pero el CGPJ puede, como hizo con Fernando Pérez Piñero, arbitrar la adscripción a la sala de Lo Civil y Penal. Una decisión, aún reciente, no exenta de polémica en el seno del CGPJ por su dudoso encaje, para los detractores, con la legalidad. Esos críticos defienden que la adscripción en una situación temporal, en perspectiva de una vacante, no puede alterar la composición prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La norma fija una composición de cinco miembros: dos procedentes de la carrera judicial; otros dos juristas de reconocido prestigio propuestos por la Cámara autonómica; y el presidente, que será Pilar de la Oliva, la designada la pasada semana por el CGPJ. De la Rúa, sin embargo, podría ampararse en la excepción que ha supuesto Pérez Piñeiro.

La sala de Gobierno del TSJ tiene una sensibilidad más próxima a que De la Rúa vaya a la sala de Lo Social que a la Civil y Penal. La corriente de opinión mayoritariamente prefiere que la Sala de Lo Civil y Penal deje de estar asociada a críticas y sospechas en las actuaciones del caso Gürtel después de que Camps alardeara de su amistad con De la Rúa y éste se negara a abstenerse de conocer del caso de los trajes.