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COLUMNA

El urbanismo valenciano ante el espejo

Recientemente, hemos conocido, tras el adelanto de las conclusiones del abogado general del Tribunal de la Unión Europea, que es muy probable que las normas urbanísticas valencianas sean declaradas conformes al Derecho europeo, quedando así a salvo de cualquier posibilidad de anulación. Lo cual servirá para que el Consell saque pecho, algo lógico en la medida en que los tribunales europeos estarían dándole la razón en un conflicto que, atizado por el Parlamento Europeo y la Comisión, ha servido de punta de lanza de todos los recientes ataques al modelo urbanístico valenciano. Al final, quedaría demostrado que la razón asistía a nuestro Gobierno, que defendió que nuestra ley urbanística era perfectamente ajustada a Derecho y homologable a otras muchas.

Que la norma sea conforme a lo que impone el Derecho europeo, en cualquier caso, no deja de ser una cuestión técnica, relativamente oscura y, a la hora de la verdad, con pocos efectos de relevancia real sobre el modelo urbanístico valenciano. Porque la paradoja de todo este proceso es que la denuncia europea ha servido de galvanizador de las críticas a nuestro modelo por insostenible y poco respetuoso con el medio cuando, retórica al margen, nada tenía que ver con ello. Como prueba el que otras muchas normas urbanísticas, no cuestionadas por Europa, producen efectos ambientales y económicos muy semejantes a los de la valenciana, por no decir idénticos.

No debiera la discusión sobre una cuestión técnica hacernos perder de vista que los males esenciales de nuestro modelo de planificación del territorio tienen otras causas. Las leyes lo único que hacen es trasladar con una enorme precisión un consenso social que, por incoherente y contradictorio que pueda parecer en sus manifestaciones, es a la hora de la verdad sólido como una roca. Consenso que se traduce en la idea de que, como cuestión de principio, a casi todos parece imprescindible la conservación del medio y la adecuada disciplina urbanística. Excepcionable, eso sí, siempre que la reclasificación para construir vaya a operarse sobre terrenos de nuestra propiedad o en nuestro municipio. Porque nadie quiere quedarse sin su trozo del pastel. En un contexto donde los beneficios de un cambio en los usos del suelo van en su mayor parte a los propietarios, ¿acaso es de extrañar que los ciudadanos estén muy a favor del conservacionismo y la sostenibilidad, sí, pero siempre y cuando lo conservado sean las tierras del vecino?

Resulta evidente que mientras no reconozcamos que somos nosotros, no las leyes, quienes hemos puesto en marcha y sustentamos el modelo, no habrá manera de cambiarlo. Porque la cuestión es, ¿de verdad queremos?

Andrés Boix Palop es profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de octubre de 2010