Recurso a los tribunales
Cuando no hay acuerdo en los servicios mínimos, los Gobiernos pueden imponerlos -no cumplirlos supone el riesgo de ser despedido- y a los sindicatos solo les queda una solución: recurrirlos ante los tribunales de justicia.
Es lo que ha sucedido en la mayoría de las huelgas, y los jueces suelen dar la razón a las centrales al considerar abusivos la mayoría de los servicios mínimos impuestos, pero tardan un mínimo de dos años en resolver el contencioso, de manera que su resolución tiene un efecto prácticamente nulo.
La huelga general del próximo 29 de septiembre será la primera de la democracia a la que se llega con un pacto entre el Gobierno y los sindicatos sobre los servicios mínimos del transporte, claves para el éxito o fracaso de un paro.
Todas las huelgas generales anteriores -la de 2002 con el PP, y las de 1994, 1992, 1988, y 1985, con Gobierno del PSOE- se hicieron sin acuerdo en el transporte y acabaron en los tribunales, con fallos casi siempre a favor de las centrales.
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