Contratos polémicos para un penal

La construcción de la cárcel de Zaballa, en el municipio alavés de Iruña de Oca, ya ha traspasado su ecuador, con cerca del 60% del proyecto ya realizado. La prisión, que sustituirá según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, al actual centro de Nanclares de la Oca, recibió ayer la denuncia de la asociación en defensa de los presos Salhaketa por irregularidades en la contratación de los trabajadores que la están construyendo. Esta denuncia recoge las demandas de los sindicatos UGT, CC OO y LAB, ya adelantadas la semana pasada.

Salhaketa pidió ayer a todas las fuerzas sindicales, además de la denuncia de estas irregularidades laborales, que se sumen a la plataforma vasca contra la construcción de macrocárceles y la paralización de las obras de Zaballa y también las de Zubieta, en San Sebastián, donde ya ha empezado el movimiento de tierras. Además, la asociación, que celebra este año el 30º aniversario de su fundación, aprovechó para recordar que el Parlamento vasco también ha pedido en sendas proposiciones no de ley por las que se instaba a Instituciones Penitenciarias "a que renuncie a la construcción" de centros como los citados, con capacidad "para 1.752 personas presas en el caso de Álava y 1.008 en el de Guipúzcoa".

Los sindicatos aseguran que las condiciones no se ajustan al convenio

En cuanto a las irregularidades, la denuncia de sindicatos y Salhaketa ha sido parcialmente reconocida por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), en lo que concierne a la presencia de una mayoría de trabajadores de fuera de Álava y el País Vasco. "La mano de obra directamente implicada en producción es de 483 trabajadores, de los cuales 155 son de la zona y 328 de fuera de la zona. Respecto a la mano de obra de albañilería tenemos 108 trabajadores, 64 de la zona y 44 de fuera, lo que representa un 59% de trabajadores de la zona", señalaban en un resumen del estado de ejecución del proyecto a finales de julio.

Pero los sindicatos han revelado además que estas personas que han llegado de otras zonas de España trabajan en condiciones irregulares, sin cumplir el convenio alavés de la construcción, con jornadas que superan las diez horas sin que se les paguen las extras, en lo que es un incumplimiento generalizado. La UTE formada por FCC y Plettac Electronics Seguridad, S. A. que levanta la mayor obra pública que se lleva a cabo en la actualidad en Álava, con un presupuesto de 78,5 millones de euros, ha subcontratado la mayor parte de la construcción del penal.

Desde que comenzaran las obras en julio del año pasado, los sindicatos han interpuesto numerosas denuncias a título personal ante el Ministerio de Trabajo sin que haya habido intervención para corregir las irregularidades, además que se sigue sin ofrecer empleo a ciudadanos alaveses como anunció la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, cuando aseguró que la construcción de la cárcel daría trabajo a la zona. En ese sentido, Juan José Vallejo, responsable de UGT, recordó la semana pasada que "en Álava hay 2.400 trabajadores del sector en paro que podrían realizar perfectamente estas labores".