El PNV decide no apoyar con su firma la comisión de investigación del 'caso De Miguel'

El PNV decidió ayer no respaldar con su firma la solicitud para constituir una comisión parlamentaria de investigación sobre la supuesta corrupción y espionaje del caso De Miguel. La ejecutiva peneuvista resolvió presentar un escrito alternativo, en forma de enmienda de totalidad, al texto que registrarán mañana PSE, PP, EA, EB y UPyD. Aralar no secunda tampoco la iniciativa al considerarla "electoralista" y creer que debería haberse adoptado antes en las Juntas Generales de Álava. Ninguna de las dos formaciones nacionalistas se opondrá, sin embargo, en la votación a que se cree la comisión investigadora.

Sus respectivos parlamentarios se abstendrán, y ello reviste especial significación en el caso del PNV, ya que las supuestas irregularidades bajo investigación judicial así como las detenciones e imputaciones afectan a cargos públicos y orgánicos peneuvistas.

La postura decidida ayer por la ejecutiva que preside Iñigo Urkullu y que su portavoz parlamentario, Joseba Egibar, trasladará a la Cámara, se argumenta en la "falta de objetividad" que el PNV ve en la iniciativa de los otros partidos, que "prejuzga" los hechos que se investigarán.

El PNV se ha decidido por la misma estrategia que siguió ante la otra comisión investigadora ya en marcha en el Parlamento, la del caso Margüello. Presentó un texto alternativo, destinado a la derrota, como el que llevará ahora a la Cámara, y después de abstuvo en la votación para demostrar que no se opone a que los hechos se investiguen.

El texto que registrarán mañana el resto de los grupos fija como objeto de la comisión "analizar y señalar detalladamente las irregularidades" en la adjudicación de contratos y servicios desde el Departamento de Cultura y desde la Red de Parques Tecnológicos. A ello se añade la obtención de "información ilegítima". La comisión quedará abierta además a otros aspectos que sus componentes crean relevantes, como compras o recalificaciones de terrenos, "a fin de determinar las responsabilidades políticas" pertinentes.

Los firmantes justifican la necesidad de crear la comisión en que la apertura de procesos judiciales y la documentación en poder de la Cámara confirman la existencia de "graves irregularidades en la gestión" de Gobiernos anteriores.

El texto cita las imputaciones judiciales por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental y prevaricación a que se enfrentan cargos, apoderados, directivos y accionistas de empresas que contrataron con la Administración o algunas de sus sociedades. Además, miembros de la Ertzaintza obtuvieron información "mediante procedimientos ilegítimos y utilizando medios de la Administración", se agrega.