Los sindicatos quieren echar a los directivos de Alfageme

Los trabajadores creen que los administradores de Alfageme, la familia Lago, dueños del grupo inmobiliario Promalar, tardaron demasiado tiempo en presentar el concurso de acreedores y, en consecuencia, dejaron morir la empresa conservera. La semana que viene intentarán convencer al juez de lo Mercantil que lleva el caso para que les retire los poderes sobre la administración de las fábricas, ahora paradas.

Se basan en los indicios apuntados por el administrador concursal en su informe sobre la situación de la conservera. Según la Ley Concursal, "el deudor deberá solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conociera la insolvencia". El documento sobre la empresa es muy claro en este punto: "Estamos ante una verdadera situación de desbalance, con la conveniencia de haber solicitado el concurso antes". "La verdad", dice el documento en otro de sus puntos,-"es que, a la vista de la cuenta de pérdidas y ganancias, las causas alegadas por la compañía para entrar en concurso parecen incompletas".

Los trabajadores denunciaron ayer, por boca de Xosé Fernández Piñeiro (CIG), que la situación límite de la empresa es consecuencia de una "administración negligente". El informe concursal pone de manifiesto que "la gestión de la compañía no ha sido un ejemplo a imitar", cuando constata que, en tres años, el resultado de explotación empeoró en un 70%. Esa gestión "muy deficiente" fue la que llevó a la empresa a perder credibilidad, "confianza muy difícil de reponer si no existe un cambio radical y profundo de gestión".

Auditorías

La mala salud de las cuentas de Alfageme tuvieron otros síntomas que los administradores ignoraron hasta el último momento. Fueron las salvedades que los auditores reflejaron en los últimos estados de cuentas. En 2007 ya hacen notar la falta de información sobre una revalorización de terrenos por valor de cinco millones de la que no había datos relativos al pago de impuestos. El año siguiente, la auditora KPMG advierte que Alfageme no facilita información sobre una empresa participada "que permita concluir sobre la necesidad de constituir una provisión por deterioro".

Fernández Piñeiro aseguró que los sindicatos ampliarán su investigación para comprobar si se han cometido "delitos contables".