Zapatero y Griñán tratarán sobre VPO e inversiones en la Moncloa
Las inversiones del Estado en la comunidad y las ayudas a la promoción y compra de vi viviendas de protección oficial (VPO) figurarán en la agenda de temas de la reunión que José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán mantendrán la penúltima semana de agosto en la Moncloa. Así lo avanzó ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien aseguró que el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía darán un repaso a otros asuntos.
Entre ellos figurará la posible candidatura del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la alcaldía de Córdoba, dado que los dos dirigentes son también secretarios generales del PSOE.
En declaraciones a Europa Press, Mar Moreno aseguró que el Gobierno andaluz está "muy satisfecho" porque fruto del trabajo con el Ministerio de Fomento se están "desbloqueando" algunas de las inversiones afectadas por el ajuste del Estado, entre las que citó la A-7 y el segundo puente de acceso a Cádiz. "Esperamos que haya otros proyectos que también se puedan desbloquear, algo que terminará de abordar el presidente de la Junta en su reunión con Rodríguez Zapatero", afirmó.
En VPO, el Gobierno andaluz ha pedido un periodo transitorio ante la propuesta del Ministerio de Vivienda de suprimir a las bravas las ayudas tanto para los promotores como los compradores de VPO, para potencia la rehabilitación y el alquiler.
Financiación
Por otro lado, Moreno dejó claro que el Gobierno andaluz devolverá los 1.475 millones de euros recibidos de más por la liquidación de la financiación de 2008. Este desfase se produjo al caer las recaudaciones tributarias a causa de la crisis.
Moreno especificó que esta devolución no supondrá "ningún desembolso" económico, sino que el Estado hará retenciones sobre las cantidades anuales que abona a la comunidad autónoma. "Cada año el sistema de financiación te va dando un dinero, que según es positivo o negativo, te suma o te aminora", apuntó. Tras un año de demora, todas las comunidades están obligadas a devolver la deuda con el Estado a partir de 2011 y en un plazo de 60 meses (cinco años).
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