Los recortes del Gobierno ponen en riesgo el plan andaluz de vivienda

El anuncio del Ministerio de Vivienda de suprimir, a partir del próximo año, las ayudas estatales a la promoción y compra de VPO para concentrar todos los incentivos en la rehabilitación y alquiler coloca en el plano de la incertidumbre al plan concertado de vivienda y suelo de Andalucía 2008-2012. El plan prevé la construcción en estos cuatro años de 132.000 casas a precio asequible, con el agravante de que no se trata de un proyecto cualquiera, sino que es una de las líneas estratégicas de la acción política del Gobierno autonómico andaluz.

Después de las dificultades iniciales para conseguir que las entidades financieras dispusieran líneas de créditos precisas, el plan funciona hasta ahora a satisfacción de la Junta y de los municipios. Prueba de ello es que hasta diciembre de 2009 llegaron a calificar 38.026 VPO en Andalucía, cifra histórica sin precedentes en los últimos 20 años; aunque no todas están en construcción aún.

La comunidad prevé construir en cuatro años 132.000 casas "asequibles"

La patronal teme la falta de financiación porque el alquiler es poco rentable

La política andaluza se ha centrado en promover la compra de vivienda nueva

Hernández Pezzi: "Es un cambio demasiado brusco de orientación"

La Junta esperará a tener un cara a cara con el ministerio y negociar el ajuste

La inmensa mayoría de los planes urbanísticos ya están agotados

Todas estas casas llevan asociadas ayudas a los compradores y a los promotores que las construyen. La previsión del plan es una inversión total en torno a 12.000 millones de euros.

Las ayudas del ministerio a la VPO tienen, hasta ahora, tres líneas: acuerdos con entidades financieras para que otorguen a los compradores créditos hipotecarios en condiciones más ventajosas y que cubra hasta el 80% del valor de la casa con amortización máxima de 25 años; subsidios para el pago de las letras de estos préstamos (oscila entre 82 y 40 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo en función de las rentas) y ayudas directas al pago de la entrada (desde 4.000 euros hasta 11.200 euros en el caso de familias con cinco hijos cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el salario mínimo). La Consejería de Obras Públicas dice no tener datos precisos elaborados sobre qué cuantía dedicó el año pasado el ministerio a favorecer la compra de VPO en Andalucía, aunque más que desconocerlo obedece en realidad a su estrategia de silencio. La Junta expresó su rechazo sin paliativos a la medida anunciada el pasado día 27 de julio por la ministra Beatriz Corredor; y espera en silencio a que el Gobierno mueva ficha, y a que la ministra convoque a las comunidades autónomas para tratar bilateralmente cómo se aplica el ajuste en cada una de ellas.

Fuentes del ministerio sostienen que se realizará con "flexibilidad", pero siempre desde la base de que el alquiler y la rehabilitación son prioritarias sobre la venta. La Junta va a proponer que el trasvase de ayudas se haga de forma paulatina y no de golpe en un año. La Junta dice compartir plenamente con el Gobierno el objetivo de priorizar la rehabilitación y el alquiler, pero la realidad es que la política autonómica en materia de VPO se ha centrado de forma notoria en la compra de vivienda nueva, y de hecho, los sucesivos planes acometidos han definido el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda "en propiedad". Esta apuesta por la obra nueva se constata además en medidas como la obligatoriedad para todos los municipios de que el 30% de las viviendas que se construyan en los suelos de nuevo desarrollo sean de VPO.

La patronal andaluza contempla con "mucha preocupación" el anuncio del Gobierno, ya que los planes de VPO se habían presentado como una "tabla de salvación" para el sector de la construcción. El gerente de la patronal sevillana Gaesco, Manuel Sillero, apunta además que la opción de construir casas para alquiler es "prácticamente inviable" porque "las entidades financieras no van a dar financiación, ya que apenas existe rentabilidad en este régimen". Explica además que la inmensa mayoría de los planes urbanísticos municipales ya están agotados y que las VPO deben construirse en suelos nuevos que requieren inversiones en urbanización, infraestructuras y servicios; en tanto que las promociones en alquiler se han realizado preferentemente en suelos consolidados ya dotados.

Alguien que desde hace años ha sido uno de los principales valedores de la rehabilitación como es el ex presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España Carlos Hernández Pezzi manifiesta ahora su desconcierto con la propuesta del ministerio, primero porque no la haya consensuado previamente con las comunidades; y segundo porque "es un cambio demasiado brusco en la orientación de las políticas de un año a otro, es como decir que lo que hasta ahora hacía ya no vale nada", explica.