Vizcaya irá a los tribunales por el nombramiento del director del Consorcio

La Diputación de Vizcaya seguirá con la guerra en el Consorcio de Transportes de Vizcaya. El consejo de gobierno foral acordó, en la reunión semanal de ayer, presentar una denuncia en los tribunales contra el nombramiento, el pasado 1 de julio, del nuevo director gerente, Iñaki Prego. La demanda incluye la remisión del caso a la Fiscalía "por si hubiera cometido un delito de prevaricación".

Prego sustituyó a Juan Cruz Nieves, un ex alto cargo público de la Diputación y hombre de confianza del diputado general José Luis Bilbao, al ser cesado por la mayoría socialista en el Consorcio. Los representantes del PSE argumentaron una mala gestión por no haber informado de la existencia de 56 millones de euros de remanentes de tesorería. La Diputación y el PNV lo han achacado a una "venganza personal y política".

El nombramiento de Prego es cuestionado por los peneuvistas ya que también ocupa el cargo de consejero delegado de Metro Bilbao y ha renunciado a cobrar el sueldo de director gerente del Consorcio. La Diputación aduce que se incumplen los estatutos de la entidad que obligan a ese cargo a tener una retribución. Los socialistas aseguran que se basa en informes legales. Iñaki Prego aseguró, en una entrevista a este diario publicada el pasado lunes, que no existe ninguna compatibilidad funcional y solo no está contemplada la ausencia de retribución. "No poder cobrar un segundo sueldo, creo que es viable siempre que se puedan hacer las dos funciones".

Suspensión cautelar

Los representantes del PSE creen que se solucionará con un cambio de los estatutos y remarcan que el anterior gerente, Juan Cruz Nieves, los incumplió, ya que fue nombrado por tres años (hasta su jubilación) cuando el plazo establecido es de seis años.

El portavoz de la Diputación, Juan María Aburto, quien dio a conocer la presentación del recurso judicial en la rueda de prensa posterior al consejo, agregó que se pide, como medida cautelar, "la suspensión del acuerdo" de nombramiento del director gerente.

La institución foral vizcaína aprobó, además, crear una tarjeta acreditativa a las personas con una discapacidad igual o superior al 33%, una situación que afecta a 70.000 personas, señaló ayer Aburto. Ahora, cuando quieren acceder a un servicio, deben mostrar una orden de la Diputación y el DNI. El objetivo es crear un instrumento "más práctico y cómodo" y será una tarjeta personal e intransferible, informó ayer el portavoz y diputado foral de Acción Social.