El PSdeG pide al Estado que disuelva el Gobierno tránsfuga de Gondomar

El PP avisa de que es legal fichar a quienes incumplen el Pacto AntitransfuguismoEl PP descalifica la iniciativa de los socialistas y la achaca a "la resaca del Mundial"

El PSdeG anunció ayer que pedirá al Gobierno central que disuelva la corporación municipal de Gondomar, según anunció ayer la portavoz y secretaria de política municipal de los socialistas, Mar Barcón. En el PSOE han decidido no esperar a que la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo ratifique el dictamen del comité de expertos que considera tránsfuga al Gobierno local, ocupado desde 2009 por seis concejales electos del PP tras una moción de censura pactada con cuatro ediles del PSOE y uno de Move Gondomar, que desalojó al BNG de la alcaldía. El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, volvió ayer a defender la maniobra. "Hemos actuado siempre al amparo de la ley", aseguró.

El presidente del PP provincial aboga por que "estas cosas se regularicen"
El de Marbella es el único precedente de disolución de un Ayuntamiento

Para Barcón, el transfuguismo es sólo una pata de una "trama de corrupción urbanística, extorsiones a empresarios y pagos con dinero negro", por lo que considera que es de recibo aplicar el artículo 61 de la ley de bases del régimen local, que permite al Consejo de Ministros destituir a gobiernos municipales "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".

Los socialistas entienden que las condenas a ex cargos del PP -al ex alcalde y último candidato a las municipales, Carlos Silva, por prevaricación en la concesión de una licencia de construcción, y a los ex concejales Alejandro Gómez y José Luis Mosquera, por extorsionar a empresarios para que financiasen la campaña electoral de los populares para las últimas municipales- son razones suficientes para que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, destituya a la Corporación.El actual alcalde, Martín Urgal, y cinco de los ediles del PP se dieron de baja en el partido justo antes de presentar la moción de censura, pero el dictamen de los expertos de la comisión antitransfuguismo asegura que este formalismo no excluye su condición de tránsfugas. Tampoco en el caso de Silva, que no firmó la moción pero que después fue nombrado concejal de Economía y Hacienda. El PP ha decidido, sin embargo, retrasar su decisión hasta que los responsables del pacto se reúnan, el día 22.

Urgal señaló el fin de semana que no se considera tránsfuga, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, pareció ayer corroborar sus palabras. "Yo siempre he dicho que me gustaría que estas cosas se regularizasen, nosotros hemos actuado siempre al amparo de la ley, otra cosa es que la opinión pública pueda entenderlas de una manera o de otra", sostuvo durante una rueda de prensa.

Entiende el presidente provincial -que ha incentivado mociones similares en otros ayuntamientos pontevedreses- que como el transfuguismo no está descrito legalmente, cabe interpretar cuándo es políticamente válido y cuándo no. "Ya dijimos en reiteradas ocasiones que son casos claros en los que no se debería entender como transfugismo. El PP tomó las decisiones que debía tomar", insistió.

"Estamos hablando de lo peor de la política, de cuestiones que no pueden tener cabida en democracia", señaló Barcón, que indicó que su partido seguirá remitiendo documentación sobre Gondomar a la Fiscalía Anticorrupción, incluido el informe que emitirán los responsables del Pacto Antitransfuguismo. La petición al Gobierno para que actúe en Gondomar se cursará a través de una comunicación al Ministerio de Política Territorial. Sobre la actuación de la Xunta, Barcón pidió al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que se pronuncie sobre el caso. "Que no le quite importancia a esta cuestión, que hoy toca al PP demostrar si rechaza de forma decidida el transfuguismo, o si el pacto que firmó Mariano Rajoy es solo papel mojado".

Sólo hay un precedente de disolución de un Ayuntamiento desde la restitución de la democracia. Fue en Marbella, descabezado su Gobierno en 2006 después de que un juez metiese en la cárcel a la alcaldesa y a varios concejales en el marco de la operación Malaya contra la corrupción. Si el Consejo de Ministros decidiese efectivamente la disolución se deberían convocar elecciones parciales, según la ley electoral, pero sólo si el Gobierno resultante pudiese ejercer durante al menos un año antes de las municipales. Con los comicios de 2011 previstos para noviembre, la opción más probable es que el plazo no se cumpliese, por lo que en lugar de elecciones parciales se encargaría el gobierno a una comisión gestora, nombrada por la Diputación.

La respuesta del PP llegó con sarcasmo, a través de una nota de prensa en la que los populares achacan las declaraciones de Barcón a "la resaca posterior al Mundial" y dicen preguntarse si "realmente la socialista habla en serio cuando solicita al Estado que le arrebate a un Gobierno municipal sus competencias". El PP, no obstante, pidió el mes pasado en el Congreso que el Gobierno central disolviese el Ayuntamiento andaluz de El Ejido, cuyo alcalde pasó ocho meses en la cárcel y continúa imputado por corrupción.

Los populares insisten también en el caso del Ayuntamiento de Benidorm, donde los socialistas arrebataron la alcaldía al PP tras una moción apoyada por un tránsfuga de este partido. Insisten, además, en que los concejales de Gondomar pidieron la baja del partido justo antes de firmar la moción de censura, pese a que los expertos hayan rechazado este razonamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 13 de julio de 2010.