El Consell pone 57 millones en Ciegsa tres semanas después de avalar otros 82
La empresa pública encargada de las construcciones escolares de la Generalitat se ha convertido en un pozo sin fondo para el Consell, que ayer autorizó una ampliación de capital de casi 57 millones de euros en Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa). Esta aportación millonaria se produce justo tres semanas después de que el Gobierno que preside Francisco Camps tuviera que avalar operaciones de crédito a Ciegsa por importe de 82 millones de euros.
La ampliación de capital ha sido necesaria "como puede suceder en cualquier otra sociedad pública o privada de este país", señaló la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, quien recordó que Ciegsa lleva años construyendo centros para esta comunidad". Ciegsa, con un endeudamiento que supera los 2.400 millones de euros (más de la mitad de ellos avalados por la Generalitat) solo pudo licitar el año pasado 81 de los 179 millones presupuestados para construir colegios e institutos. La viabilidad de Ciegsa, como ha destacado la propia Sindicatura de Comptes, depende de la aportación de capital que efectúe la Generalitat, que es la única accionista de una empresa pendiente de renegociar su elevada deuda.
Una comisión estudiará la sentencia sobre el Estatuto catalán
Por otra parte, el Consell anunció ayer que convocará una comisión de estudio para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d'Autonomia de Cataluña, que se hizo pública ayer. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, se limitó a señalar en una nota de la Generalitat que las 12 personas que integran la comisión, presidida por él mismo y por la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, realizará "un análisis exhaustivo de dicha sentencia" para emitir un informe.
Castellano anunció hace unas semanas, cuando se conoció el fallo en sus líneas generales, la intención de hacer valer la denominada "cláusula Camps" para que la Generalitat Valenciana asuma competencias que impugnó el PP en el estatuto catalán pero que ha considerado legales el Constitucional, y posteriormente tuvo que dar marcha atrás, debido a las presiones del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, sobre el jefe del Consell, Francisco Camps.
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