El PP pedirá a la Xunta los datos de la investigación sobre la "trama agraria"

Si los interrogatorios y registros que la Consellería de Presidencia está realizando en las sedes de Unións Agrarias (UU AA) para comprobar si hubo irregularidades en la concesión de subvenciones durante el bipartito dan frutos, el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, los llevará al juzgado, según confirmó ayer. La Xunta investiga a 13 asociaciones que el PP vincula a una "trama agraria de financiación ilegal del PSOE" porque entiende que son "sociedades fantasma" a cargo de UU AA y que el sindicato es el "brazo agrario" de los socialistas. El conselleiro de Presidencia y secretario general de los populares, Alfonso Rueda, aseguró, no obstante, que las pesquisas de su departamento están separadas "absoluta y escrupulosamente" de las que realiza su partido.

Miranda dice que prefiere que Varela y García declaren como testigos

Miranda se trasladó ayer a Corcubión, donde la anunciada querella contra el PSdeG se convirtió en una mera ampliación de la denuncia presentada en su día contra el alcalde socialista de Muxía, Félix Porto, por usar como agente electoral a una contratada por UU AA. Pese a todo, el número tres del PP insistió en que tiene pruebas de que el secretario de organización del PSdeG, Pablo García, y el ex conselleiro de Traballo Ricardo Varela están detrás de la "trama", y arguyó que no los denuncia porque prefiere que declaren como testigos. "En el ámbito de la administración de justicia hay diferentes caminos para un mismo objetivo", sugirió.

La lógica del también diputado autonómico es la siguiente: los testigos no pueden negarse a declarar y están obligados a decir la verdad. "Luego, si el juez determina en virtud de las declaraciones que hagan que deben ser imputados pues ya llegará el momento de proceder a eso", explicó. El PP aseguró el martes que se reservaba "el derecho a pedir la imputación de ambos, una vez escuchadas sus explicaciones ante el juez". Esta afirmación ya podría servir a García y Varela para negarse a comparecer, según fuentes jurídicas, amparándose en el derecho a no declarar contra sí mismos.

Miranda no facilitó el escrito que presentó ayer en la causa abierta en Corcubión, en la que el único imputado es el alcalde de Muxía. Éste está acusado de fraude en subvenciones y malversación de fondos públicos por haber enviado supuestamente a hacer campaña por el PSOE de Muxía en Argentina a una trabajadora contratada con ayudas públicas para un puesto en Ourense pero que acabó ejerciendo en la sede de UU AA de Vimianzo, de la que Porto era responsable. El PP insiste en que no es un caso aislado sino parte de una red liderada por García y Varela, pero de momento no existen indicios de que algún otro contratado para trabajar en el rural con ayudas de Traballo haya acabado a las órdenes de los socialistas.

La sospecha central del PP radica en que García fue secretario de organización de UU AA antes de ocupar el mismo cargo en el PSOE. Partiendo de esto, Miranda deduce que 30 asociaciones que recibieron ayudas de Traballo durante el bipartito -en el marco de un programa que sirvió para que otras 400 contratasen a 15.000 empleados en la última década- son "sociedades fantasma" porque sus fundadores militaban o tenían familiares en el PSOE, no tenían sede propia y encargaron al sindicato la gestión de las subvenciones, lo que incluía el pago de los salarios así como las cuotas a Hacienda y la Seguridad Social-. El sindicato ha detallado el procedimiento y repite sin descanso que es una práctica legal y habitual.

Desde que trascendió que la Xunta del PP renovó las ayudas a 13 de las "asociaciones fantasma", la consellería de Rueda decidió investigar las sedes regionales de UU AA, en unas pesquisas que acumulan ya 100 horas de interrogatorios grabados.