"Era la inversión estándar de un cliente extranjero"

El juicio por caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales abordó ayer su segundo bloque de acusaciones. La sesión se centró en la creación de una estructura societaria para lavar fondos que supuestamente procedían de una estafa de componentes electrónicos cometida en 2001 en Reino Unido.

Del Valle, propietario del bufete marbellí en el que se concibieron estas empresas y principal acusado de la causa, insistió en que creía que el dinero que sus clientes Harvey Jeffrey y Karen Levin transfirieron desde el extranjero era lícito y que venía de la venta de una propiedad o de su actividad profesional.

"Era un caso estándar de una inversión de un cliente extranjero y se ha cumplido fielmente con lo que es normal", mantuvo a preguntas de su abogado. "No teníamos ninguna otra referencia por parte del cliente para pensar que hubiese alguna irregularidad en esta operación". En esta nueva fase están acusados, además de Del Valle, y el matrimonio que supuestamente protagonizó la estafa, dos empleadas del despacho de abogados marbellí DVA.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los clientes del letrado de origen chileno "estaban implicados en un fraude de componentes electrónicos" en Reino Unid con el que habrían obtenido 227.408 euros. Un dinero que reintrodujeron en el circuito legal "utilizando el entramado societario dispuesto por Del Valle".

Durante la sesión, el principal imputado explicó que el matrimonio le encargó una estructura de sociedades para adquirir una propiedad en la Costa del Sol y que poco después, le dijeron que querían trasladarse a vivir a Málaga de forma definitiva y tener actividades comerciales, por lo que pidieron que se creara otra entidad, independiente de la de la vivienda.

Según Del Valle, sus clientes no tenían especial interés en ocultarse tras las sociedades, aunque el sistema que escogieron lo facilitara.

El principal acusado mantuvo que el nombre de uno de ellos aparecía en la compra de la propiedad como avalista, y que contaban con un informe de auditoría en el que se aseguraba que el cliente había vendido una propiedad y que disponía de unas 400.000 libras. "Esa es la información que nosotros tenemos y cuando la recibimos, la entregamos al banco, que lo dio por válido, por lo que nosotros también lo hicimos", aseveró.

Según el fiscal, el matrimonio sacó al mercado en 2001 la venta de circuitos Eprom poniendo como condición el pago por adelantado. Con este gancho obtuvo de 11 adquirientes unos 227.408 euros, aunque la empresa "no suministró material alguno". Los investigadores mantienen que esos fondos se transfirieron a la cuenta de una empresa creada por Del Valle.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el despacho ofrecía a sus clientes, principalmente extranjeros, "la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España, de modo que quedara oculta para las autoridades tanto la identidad del verdadero titular del dinero objeto de la inversión, como su origen". Así llegó a gestionar 523 sociedades, de las que 194 eran extranjeras.