El fiscal pide 30 años de cárcel para Roca

La Fiscalía Anticorrupción pide 30 años de cárcel para Juan Antonio Roca, el principal de los 95 procesados en el caso Malaya. El hombre que durante los años del gilismo controló la política y el urbanismo de Marbella (Málaga) y los manipuló en su propio beneficio, blanqueó supuestamente 245,1 millones de euros entre 1995 y 2006, la mayor parte de ellos mediante la adquisición de inmuebles de lujo, obras de arte y otros bienes suntuarios.

El fiscal Juan Carlos López Caballero, que lleva investigando el caso desde noviembre de 2005, considera a Roca, de 56 años, "jefe" de una "empresa criminal" que recibió al menos 33 millones de euros en sobornos de promotores con intereses en Marbella, al tiempo que negociaba en su provecho con el rico patrimonio de suelo de la ciudad. Estos chanchullos con los promotores amigos -que tomaban la forma de convenio urbanístico- supusieron un perjuicio a las arcas públicas de al menos 48,9 millones.

El caso suma 95 procesados y el juicio está previsto para septiembre

El perjuicio para las arcas municipales supera los 48 millones de euros

Los concejales marbellíes se repartieron más de cinco millones

La red corrupta del ex asesor tenía una perfecta división del trabajo

El ex asesor urbanístico y hombre de confianza del fallecido alcalde Jesús Gil está acusado de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo. Además de las tres décadas de prisión, el fiscal solicita para él 810,78 millones de multa y 51 años de inhabilitación. Roca es el único de los imputados en la trama, cuya investigación inició el magistrado Miguel Ángel Torres, que permanece en la cárcel. Aunque expiró el plazo máximo de prisión preventiva, cumple una sentencia firme de seis años por el llamado caso Saqueo.

Los 585 folios que componen el escrito acusatorio contemplan penas que suman 557 años de cárcel y multas por valor de más de 4.000 millones de euros. Entre los principales personajes que se sentarán junto a Roca en el banquillo, a partir del 27 de septiembre, figuran la ex alcaldesa Marisol Yagüe, para quien se piden 20 años de cárcel; el mediático ex regidor Julián Muñoz, con una petición de 10 años de prisión, o la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, en cuyo domicilio la policía halló 376.000 euros pagados supuestamente por Roca, y que se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel. También figura el ex teniente de alcalde Pedro Román.Para quien era considerado la cara amable del régimen gilista se piden 21 años de prisión.

El ex asesor urbanístico mantenía engrasada la máquina corrupta pagando a los políticos que tenían que dar el visto bueno a las licencias con parte del dinero que recaudaba entre los promotores. Según el escrito del fiscal, de los 33,4 millones recaudados entre los empresarios, Roca destinó al menos 5,3 a sobornar a ediles y funcionarios clave del Ayuntamiento, como el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes o el ex jefe de Policía Local, Rafael del Pozo.

Los empresarios que tienen un futuro judicial más complicado son Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel, ya que supuestamente no solo pagaron a su amigo Roca sino que participaron en operaciones que descapitalizaron enormemente al municipio.

El escrito sigue en buena parte las tesis del auto de procesamiento con el que el juez Torres se apartó del caso. López Caballero afirma que en la estructura delictiva de Roca se practicaba la división del trabajo. En la cúspide se encontraban los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que creaban y mantenían el entramado de 71 empresas tras las que Roca ocultaba su patrimonio y que recibió ingresos en metálico de 25,5 millones de euros entre 1994 y 2005.

En el siguiente escalón estaban los encargados de adquirir y gestionar los inmuebles de su jefe, como los hoteles de El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia) o los tres palacios que Roca poseía en Madrid. En este grupo figuran Salvador Gardoqui o Montserrat Corulla, a la que el hoy ministro Miguel Sebastián utilizó como arma electoral contra Alberto Ruiz-Gallardón en su lucha por la alcaldía de Madrid en 2007. El fiscal pide para ella cuatro años de cárcel y 100 millones de multa por blanqueo.

Para el también abogado Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro internacional de Roca, al que ayudó a introducir en España entre ocho y 10 millones de euros, el fiscal pide penas de 10 años de cárcel y multas de 103 millones de euros.

En el último escalón del blanqueo se sitúan una miriada de personas que ayudaron puntualmente a Roca a camuflar su riqueza ilícita. Entre ellos se encuentran los marchantes de arte Jean Fournets y Beto Pedronzo, que le vendieron piezas por más de 26 millones de euros, o el joyero Sabino Falconieri, al que compró joyas y relojes por 1,5 millones. También está acusada la ciudadana sueca Karin Mattsonn, que proporcionó a Roca y su familia seis billetes de lotería premiados con los que poder justificar mínimamente su inmensa fortuna de origen ilegal. El ex asesor tenía una capacidad de gasto de 170 millones de euros, pero la renta disponible anual de su familia apenas superaba los 50.000 euros.

Roca, un individuo tan astuto como desconfiado, cuidaba mucho su seguridad. Contaba para ello con la colaboración de un ex militar, Jaime Hachuel, que no solo protegía sus bienes, sino que le advertía, gracias a sus contactos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en la Policía Local, de si estaba siendo objeto de seguimiento. Entre teléfonos encriptados, microcámaras y demás artilugios de contravigilancia gastó 39.000 euros, según el fiscal.