Un fallo del Supremo pone en riesgo la mayor inversión extranjera en Vigo

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmó ayer que la candidatura de Vigo para acoger una fábrica de baterías de litio para coches eléctricos ha llegado a "la final", en competición con una localidad austriaca. Pero el ministro ignoraba la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el solar elegido para instalar esa fábrica en la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan) -el mayor polígono empresarial de Galicia- y que, consecuentemente, pone en grave riesgo ese y otros importantes proyectos. Desde la Xunta se pide "prudencia" mientras sus servicios jurídicos, como los de las otras administraciones implicadas, analizan la sentencia.

El TS ha anulado el plan sectorial que permitió crear la Plisan por incluir en el polígono 700.000 hectáreas de suelo de protección forestal. El polígono, de 419 hectáreas, es el más grande de España en su género, después del de Zaragoza. "El fallo solo se puede considerar tremendamente negativo", declaró Jaime Borrás, presidente del Club Financiero Vigo-Círculo de Empresarios, que subrayó el carácter estratégico del área, a la que vinculó directamente el futuro del puerto de Vigo. En términos análogos se pronunció José Manuel Fernández Alvariño, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra: "Es un ataque directo a un polígono de vital importancia para Galicia, por lo que representa para el puerto y para la Eurorregión. Imagino que los socios [Puerto, Zona Franca y Xunta] harán los recursos correspondientes, aunque el fallo ya es un grave problema".

Una delegación de Mitsubishi ya había juzgado el polígono "inmejorable".

La Xunta reconoce el valor estratégico del área y pide "prudencia".

El ministro Sebastián dio ayer una dimensión de ese problema, pero ignorándolo. Xunta y Gobierno central trabajan "codo con codo", dijo, para conseguir para Vigo la fábrica de baterías de coches eléctricos que proyecta construir el consorcio Mitsubishi-Magna-Yuasa. Había 10 ciudades candidatas y "a la final" solo han llegado Vigo y la ciudad austriaca. "Es un buen resultado, hay que jugar la final y ganarla", añadió Sebastián, quien subrayó que la candidatura viguesa cuenta con el "máximo apoyo posible" de los Gobiernos local, autónomo y estatal, aparte del alto interés de PSA Peugeot Citroën en el proyecto. "Todo el mundo habla maravillas de Vigo", dijo el ministro.

También el director de la planta viguesa de PSA, Pierre Ianni, recordó la apuesta del grupo por el coche eléctrico y destacó la incidencia de las decisiones que se puedan tomar en relación con la fábrica de baterías. Esta precisa inicialmente 150.000 metros cuadrados para implantarse y Vigo ha llegado "a la final" por la presencia de PSA y después de que una delegación de Mitsubishi visitaran la Plisan y juzgaran este emplazamiento "inmejorable" para su proyecto de abastecer desde aquí al sector automovilístico europeo.

Pero no es el único proyecto en marcha en la Plisan. De hecho, el polígono iba a tener 1,5 millones de metros cuadrados cuando se planteó en el año 2000. La alta demanda de suelo lo fue agrandando hasta su dimensión actual. En 2007, Teresa Táboas, a la sazón conselleira de Vivenda e Solo, que asumió la urbanización del polígono, señaló que en la parte de la Xunta (18% del total) la solicitud de parcelas por parte de empresas cubría ya más del 98% del suelo disponible.

En la Xunta mantenían ayer la cautela. "Es una sentencia importante que puede tener consecuencias muy importantes", señalaron fuentes de Medio Ambiente, para justificar un aplazamiento de la valoración del fallo hasta que " se conozca su alcance jurídico y se pueda componer el escenario que abre". "Hay muchos intereses en juego y cualquier valoración puede tener sus consecuencias, por lo que apelamos a la prudencia y a no poner todo el proyecto en solfa", añadió la misma fuente. En términos análogos se pronunciaron portavoces de los otros dos socios del polígono, la Autoridad Portuaria de Vigo (dueña del 61%) y Zona Franca (21%).

En el proyecto se han invertido ya más de 50 millones de euros y desde la asociación de afectados por las expropiaciones, que han mantenido movilizaciones desde el inicio del proyecto, acusan a los tres socios: "¿Cómo se puede tirar así el dinero público?, ¿para qué quieren tantos abogados del Estado?", inquería su portavoz, Alejandro Rodríguez.