Vivienda fijará seis tramos de precios de los pisos protegidos según la renta

El precio de los futuros pisos de protección oficial se fijará en función de la renta de sus adjudicatarios, sobre una escala progresiva de seis tramos que el Deparatamento de Vivienda tiene aún que detallar, pero que tendrá su límite inferior en 9.000 euros anuales brutos y el superior en 39.000 euros. La actual normativa no tiene en cuenta la diferencia de renta para el precio de una vivienda protegida, que cuesta lo mismo para quien gana 9.000 euros que para el que ingresa 34.000 (actuales límites de ingresos para aceder a un piso de este tipo).

La diferenciación en función de la renta es una de las principales principales medidas que incluye el Pacto Social por la Vivienda, que se firmará el próximo miércoles en un acto presidido por el lehendakari Patxi López. El documento, elaborado después de un amplio debate iniciado en noviembre pasado con un centenar de entidades sociales y empresariales, tiene el apoyo de más de 70 de ellas, entre las que figuran los principales agentes del sector, constructores y promotores inmobiliarios, según la consejería. Faltarían por sumarse instituciones como las tres diputaciones y los ayuntamientos, con las que el Gobierno se mantiene en contacto y quiere suscribir un pacto institucional. "No podemos esperar más para firmar este pacto, porque es la base para el Plan Director de Vivienda 2009-2013, que queremos presentar en verano, y para la ley de Vivienda, que estaría para fin de año", asegura el titular de la consejería, Iñaki Arriola.

El acuerdo busca responder a las necesidades de unas 90.000 familias

El pacto apuesta por fomentar el alquiler e impulsar la rehabilitación

El pacto, que pretende responder a las necesidades de vivienda de unas 90.000 familias y acabar con el atasco en las promociones de pisos, ha supuesto "un proceso inédito en este país", en palabras de Arriola, al haber incluido de una u otra forma las aportaciones de dichas entidades.

La crisis ha paralizado la construcción de pisos libres, los que permitían las viviendas protegidas. El pacto prevé aumentar las cargas de urbanización, que ahora soportan la vivienda libre. Los pisos protegidos asumen como máximo el 20% del coste.

Otra novedad será la flexibilización del número de casas en cada promoción, que serán fijadas por el responsable de la misma. Por ejemplo, si actualmente sobre un solar de 2.000 metros cuadrados se pueden edificar como máximo 24 pisos, ese número podrá aumentar si el promotor opta por construir apartamentos. "Que se decida sobre la demanda del tipo de vivienda", explica el consejero.

El precio diferente de los pisos protegidos en función de la renta se fijará a través de una nueva figura: el fondo de garantía y compensación. Este fondo dará seguridad al promotor, quien cobrará la cantidad fijada por piso para obtener su beneficio. Si el comprador no puede hacer frente a ese precio, el Gobierno pondrá la diferencia. En cambio, si el nuevo propietario debe pagar más del precio fijado, el promotor incluirá tal sobrante en el fondo.

Arriola admite que esta diferenciación de rentas hará que los pisos protegidos sean más caros. "Habrá más dificultad en el acceso, pero si no se toma ninguna medida, acceder a las viviendas protegidas será imposible", sostiene.

El pacto incluye otras dos apuestas estratégicas: fomentar la vivienda en alquiler e impulsar la rehabilitación. El acuerdo pretende facilitar pisos arrendados a 40.000 familias en un plazo de 15 años. Para promocionar el alquiler la clave es tener más dinero: "Se trata de conseguir recursos extraordinarios en instrumentos de gestión nuevos". Uno de ellos será la venta de suelo a los dueños de pisos protegidos edificados con la figura del derecho de superficie -está protegido el suelo sobre el que se alzan, pero no la construcción-. Suman 20.000 en Euskadi. Este tipo de casas no se halla calificado de forma indefinida como protegidos, sino que pueden pasar a ser libres tras 20 años, aunque con esa limitación relativa al suelo. La medida, que comenzará con las 13.000 viviendas de dicho tipo edificadas antes de 2003, pretende que los dueños paguen por esa liberalización del suelo.

En esa misma línea de levantar más casas protegidas en alquiler, el plan incluye captar fondos privados mediante la firma con constructores de contratos de arrendamiento a 30 años. El empresario financia los pisos y, una vez terminados, recibe un canon anual durante dicho periodo.

Respecto a la rehabilitación, la intención es arreglar 250.000 viviendas en 15 años, creando la figura del agente rehabilitador para simplificar los proyectos.

El texto que se firmará el día 16 es prácticamente idéntico al borrador elaborado hace casi dos meses. La única novedad es que elimina la alusión directa a equiparar las deducciones fiscales al alquiler con las de compra de pisos. El texto se modifica para estudiar con las diputaciones "medidas de carácter tributario en favor del alquiler como un elemento favorecedor para su acceso".

Arriola espera cerrar en los próximos meses el pacto con las diputaciones, con las que ya se mantienen conversaciones, y con los municipios, a través de Eudel, que ha pedido "más tiempo", concluye el consejero.