El fiscal pide 17 años por montar una explotación en zona protegida

El juicio contra cuatro empresarios agrícolas acusados de delitos contra la ordenación del territorio y un funcionario de la Delegación de Medio Ambiente en Huelva de la Junta de Andalucía, que supuestamente hacía la "vista gorda" de las irregularidades a cambio de dinero, comenzó ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

La fiscalía solicita un total de 17 años de prisión para los cinco imputados que obtuvieron "altos beneficios económicos" desde "al menos 2005" al transformar unas 100 hectáreas de zona especialmente protegida en el ámbito de Doñana en productivas fincas agrícolas donde se cultivaron frutos rojos, se construyeron pozos ilegales con dos balsas para canalizar el agua, e incluso se instalaron naves y módulos para el alojamiento de las temporeras que trabajaban en la finca. Todo a pesar de las reiteradas notificaciones y denuncias a las que, según la fiscalía, se hacía "caso omiso".

La denuncia fue interpuesta por Ecologistas en Acción en 2006. La finca El Avispero, propiedad del acusado J. M. S., y ubicada en los alrededores de Bonares (Huelva), fue arrendada en parcelas a los imputados, de iniciales A. C. P. y M. M. C., para que siguieran sacando beneficio del negocio fresero en terreno forestal. El cuarto acusado, D. J. I., sería el encargado de construir las naves ilegales, delito por el que se piden dos años de cárcel. La fiscalía cree que el agente de la Delegación de Medio Ambiente, F. B. O., habría realizado "informes erróneos que no reflejaban la magnitud de las transformaciones" a cambio de cantidades en metálico de las que se pueden documentar unos 20.000 euros. El funcionario está imputado por cohecho y omisión del deber de denunciar/perseguir delitos. Se pide por ello tres años de cárcel.

Los hechos presuntamente delictivos se habrían llevado a cabo después de que en 2004 el área quedara calificada de "máxima protección" y se prohibía expresamente "cualquier cambio de uso o construcción".