Encalla el plan estrella de Justicia contra el atasco de los casos penales

"Me robaron hace dos años y el juicio aún está por señalar. El atasco se nota muchísimo porque hay menos salas y menos señalamientos". La abogada Ofelia Liñán es otra víctima más de una interminable lista de ciudadanos cuya rabia va en aumento. Su nombre está en las montañas de expedientes que abarrotan las mesas del Juzgado de lo Penal 5 de Sevilla. La cordillera crece cada día un poco más y de momento, nada detiene su ascenso.

El atasco de los juzgados de lo Penal andaluces es muy preocupante, pero últimamente el vaso parece cerca de desbordarse. En Málaga el salto en 2009 fue espectacular: se pasó de 11.000 a 17.662 sentencias ejecutorias pendientes. "El incremento de asuntos es brutal y la evolución muy negativa", lamentó el pasado viernes el juez decano de Málaga, José María Páez.

El acuerdo con los sindicatos sigue empantanado tras once borradores

"El nuevo edificio es mil veces peor y nos cunde mucho menos el tiempo"

En paralelo al atasco malagueño, la situación en Sevilla permanece en el limbo mientras los expedientes se acumulan. La onda expansiva del caso Mari Luz provocó que hace un año la Consejería de Justicia iniciara las negociaciones para implantar el Servicio Común de Ejecutorias que reorganice el trabajo por asuntos y no por juzgados. El objetivo era agilizar la ejecución de las sentencias penales pendientes. Hoy día, la negociación con los sindicatos sigue enquistada en las buenas palabras.

Porque el continente está, pero falta el contenido. El traslado de los funcionarios al nuevo edificio Noga el pasado enero contemplaba la vital reforma y separó en dos plantas a jueces, secretarios y funcionarios en función de la nueva organización. Pero ésta no se ha implantado y ahora la disposición espacial contribuye a ralentizarlo todo. "Me siento desubicada. Tengo a tres funcionarios en el pasillo de enfrente y cinco en la planta de abajo", comenta una secretaria que pide el anonimato. El resultado: los funcionarios pasan parte de su jornada diaria bajando y subiendo escaleras para consultar expedientes a los secretarios y jueces.

Mientras los señalamientos se retrasaban unos seis meses en los antiguos juzgados, ahora el retraso se prolonga hasta un año y medio. "Es mil veces peor y nos cunde mucho menos el tiempo. Estos días una causa urgente por preso se nos ha llegado a retrasar hasta tres días", se queja Rosario, funcionaria.

La negociación sigue empantanada después de once borradores para fijar un Servicio Común de Ejecutorias que satisfaga a la Consejería y los sindicatos. El pasado martes se volvió a suspender la negociación después de que CSIF y CC OO exigieran que el consejero de Justicia, Luis Pizarro, explique cómo afectarán a los funcionarios los recortes económicos previstos por la Junta. Una salida de tono que mezcla dos temas dispares. Pese a esta reclamación, fuentes de Justicia reiteran que "la intención es poner el plan en marcha, pero con el concurso de los sindicatos".

De los cinco sindicatos implicados, sólo SPJ-USO apuesta por sacar adelante el plan y comenzar a ver la luz al final del túnel. "El último borrador tiene muchos cambios y es atractivo. Hemos logrado un incentivo de 80 euros mensuales y una comisión de evaluación del servicio junto a los jueces y secretarios", opina Ildefonso Torralba, de SPJ-USO. Discrepa Luis Calero, de CC OO, que se opone a alcanzar un pacto: "Si hace falta un cambio estructural en los penales, que se haga definitivo. El servicio es un capricho de la Consejería y se ha quedado obsoleto".

La clave que late de fondo es que la magnitud del problema estructural que afecta a la justicia hace que la solución definitiva pase por aplicar la ansiada nueva oficina judicial que se está implantando en las comunidades a distinta velocidad. En Andalucía será Almería donde primero se implante esta revolución y si funciona, se extenderá al resto. En Sevilla los ecos del caso Mari Luz destaparon la fragilidad del sistema y cómo una cadena de errores podía afectar a una familia. De ahí la solución transitoria del Servicio Común de Ejecutorias, aún en el aire.