Las Cortes apoyan un pacto unánime sobre financiación

Todos los grupos de las Cortes Valencianas pactaron ayer una propuesta para alcanzar un acuerdo en materia de financiación que permita a la Comunidad Valenciana superar "la discriminación histórica" en el reparto de fondos del Estado entre las comunidades autónomas.

La propuesta insta un proceso de debate que incorpore las iniciativas de empresarios, sindicatos, universidades, ayuntamientos y otros representantes de la sociedad civil para construir una propuesta netamente valenciana a partir del informe elaborado por la comisión de expertos en financiación autonómica que acordaron en su día los dos grandes grupos parlamentarios.

José Marí Olano, portavoz de Economía del PP, se mostró "encantado" con el acuerdo. Olano subrayó que el PP "no cambia de postura" y defendió que lo que preocupa a los ciudadanos es tener un Gobierno central que "no da palo al agua".

Pla recuerda que las leyes las pactan los diputados, no los sindicatos

Cristina Moreno, del PSPV, apoyó el acuerdo pero alertó sobre "el filibusterismo parlamentario" al que acostumbra el PP y dijo que vigilará que el acuerdo no se convierta en "un instrumento más para ejercer la oposición al Gobierno de España".

Enric Morera, portavoz de Compromís, sentenció que se debería haber cerrado el pacto hace tres años, ya que el "mal acuerdo" de financiación existente va a suponer que el pueblo valenciano pierda 1.800 millones de euros anuales.

Lluís Torró, diputado de Esquerra Unida, también lamentó el retraso del acuerdo sobre "cuestiones sobrevenidas" porque hubo "más interés en alimentar el victimismo que en lograr una financiación justa" para la Comunidad Valenciana.

Paula Sánchez de León, consejera de Administración Pública y portavoz del Consell, defendió el proyecto de ley de Función Pública que prevé consolidar los complementos de carrera profesional para todos los empleados públicos al servicio de la Generalitat, una norma que supondrá un gasto adicional de 30 millones de euros en la nómina de 17.000 funcionarios.

Todos los grupos rechazaron la enmienda a la totalidad defendida por Josep Maria Pañella, de Compromís, porque la norma no incide en la obligatoriedad de dominar el valenciano. Ni los socialistas ni Esquerra Unida se sumaron a la propuesta, pero expresaron reservas a la norma.

Por su parte, Joan Ignasi Pla, del PSPV, recordó que las leyes se pactan entre grupos parlamentarios en las Cortes, no en negociaciones entre el Consell y los sindicatos.