El juez sospecha que el arquitecto del Xacobeo adjudicó trabajos a su estudio

El juez que investiga el caso Retablo, una trama de corrupción generalizada en la restauración de arte sacro y la construcción de albergues para peregrinos durante los últimos años, sostiene en su último auto que de las escuchas telefónicas practicadas a la docena de imputados que integran la red "existen indicios de criminalidad". La instrucción apunta a los supuestos cabecillas de la red, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, ex restaurador de la Consellería de Cultura, y José Manuel Pichel Pichel, arquitecto de la Sociedade de Xestión do Xacobeo. El juez persigue en la conducta de estos dos funcionarios, de cinco firmas de restauración, dos sacerdotes de Pontevedra y el ex obispo de Tui-Vigo José Diéguez Reboredo, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones fiscales.

El instructor cree que falsos licitadores ayudaban a la trama a amañar concursos

Tanto la policía como el fiscal sostienen que Gómez-Gil y Pichel habrían utilizado su influencia como funcionarios de la Administración para decidir qué patrimonio se restauraba y qué albergues se construían a cambio de adjudicar las obras a empresas amigas. En el sumario hay pruebas de los numerosos regalos que ambos imputados percibían de las empresas a las que adjudicaban contratos e incluso la declaración de un empresario arrepentido, Manuel Montes Carballa, también imputado, que contó a la policía y al juez la manera de operar de la trama. Constan asímismo 39 ingresos en efectivo de Gómez-Gil en una cuenta del Deutsche Bank, por importe de 122.000 euros, que el ex restaurador de la Xunta no pudo justificar. El magistrado sospecha además que las obras de restauración como las que la trama encargaba para poner en marcha albergues partían de proyectos que firmaban arquitectos y aparejadores relacionados con el estudio ADD Arquitectura del que son socios Pichel y su esposa.

Por eso, en su último auto, el juez envía un oficio a la Sociedade de Xestión do Xacobeo "para que certifue la identidad de los arquitectos cuyos proyectos fueron informados por José Manuel Pichel entre 2005 y 2007". El magistrado pretende determinar "si era un procedimiento habitual del imputado citado encargar los proyectos de obras financiados por el Xacobeo a personas vinculadas con el estudio ADD Arquitectura, del que son socios Pichel y su esposa". El juez alude a conversaciones intervenidas por la policía, con Pichel y varias personas de su estudio como interlocutores, en las que se llega a decir: "No pueden acusarnos siquiera de que le estemos trincando".

En otra charla, interceptada el pasado 29 de septiembre, Pichel ofrece a un tal Paco [a quien la policía identifica como un aparejador conocido suyo] la dirección de varios proyectos. El arquitecto del Xacobeo dice a su interlocutor: "Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre". Otra media docena de llamadas confirman que todavía en diciembre, Pichel ofrecía proyectos a arquitectos amigos.

En el último auto, el instructor solicita que se tome declaración a cinco testigos "a fin de aclarar si, tal y como se desprende de la investigación policial, fueron utilizadas por Olga Quintela y David Durán Montero [ambos imputados] de las empresas CBC y Alguimia como supuestos licitadores en varios expedientes "para cubrir así el concurso, asegurándose de que estas firmas resultarían adjudicatarias" de las obras. En el informe policial figuran pruebas de que la trama rebajó presupuestos para no sacar obras a concurso público abierto.