La fiscalía responsabiliza a Gibraltar de los vertidos en la bahía algecireña

La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido más control y vigilancia a los barcos que frecuentan la bahía de Algeciras para evitar que se produzcan vertidos contaminantes que luego son muy difíciles de castigar. "No resulta fácil determinar la autoría y se producen situaciones indeseables de impunidad", explican desde la Fiscalía de Cádiz. La petición viene recogida en la memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de 2009, hecha pública ayer.

En ella se incide en que las denuncias de los vertidos de buques en tránsito se suelen archivar por la dificultad para determinar el autor y porque las autoridades de Gibraltar eluden su responsabilidad. "Permiten el paso por lo que ellos consideran sus aguas territoriales de buques con deficiencias de seguridad o que incumplen la normativa internacional en materia de prevención marina y la realización de trasvases de combustible a los buques desde gasolineras flotantes sin respetar la normativa comunitaria", critica la Fiscalía de área de Algeciras. Esta práctica, conocida como bunkering, entraña "gravísimos riesgos ambientales" que no pueden evaluar por la falta de peritos especialistas en los delitos ambientales.

La memoria repasa las incidencias de estas fiscalías especializadas provincia por provincia y vuelve a alertar de las presiones de los promotores -particulares y empresarios- que han levantado viviendas ilegales en numerosos ayuntamientos. Estas personas y empresas que han realizado un notable daño ambiental y urbanístico durante los años de auge de la construcción y que en muchas ocasiones tienen procedimientos penales abiertos, no han desaparecido de escena. Los fiscales de medio ambiente los consideran "auténticos grupos de poder" que se imponen en la política urbanística de los municipios. Presionan no solo para que se legalicen sus obras y evitar las demoliciones, sino también para que sean todos los ciudadanos los que asuman, a través de los fondos públicos, el pago de los viales, infraestructuras y dotaciones que les correspondería pagar a ellos por levantar sus casas ilegalmente.

"Organizan manifestaciones para pedir que no se aplique la legalidad urbanística, exigen estar presentes en las juntas de gobierno local y acaban imponiéndose ante la pasividad de los ciudadanos", destaca la fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz.

Los fiscales de varias provincias inciden en lo difícil que resulta ejecutar las demoliciones y de las vueltas que los constructores dan antes de aceptar la piqueta. "Está suponiendo todo un pulso con el condenado para no llevar a cabo la demolición", comenta la fiscalía de Huelva.

En Málaga consideran que la demolición se está acogiendo con "más claridad" en los fallos judiciales, aunque citan una sentencia en la que se preveía que no se ejecutara si en dos meses, una de las acusaciones solicitaba la legalización de la vivienda. "La demolición no se puede supeditar a condición alguna, pues se atenta contra el principio de legalidad y seguridad jurídica", explican. En Sevilla se ha llegado a pactar la demolición antes de que se celebre el juicio, después de ofrecerles a los acusados una "atenuante privilegiada".