El plan de la huerta prevé un canon urbanístico para proteger el uso agrario

El plan territorial para proteger la huerta de Valencia entra en la recta final. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, lo prometió al inicio de la pasada legislatura, pero el documento preliminar, que advertía del "riesgo acelerado de desaparición" de este paisaje cultural milenario, no se presentó hasta hace dos años y tras una década de urbanismo desaforado a costa también de la huerta. Desde ayer, el plan está en exposición pública para recibir las últimas alegaciones antes de su aprobación, prevista este año.

El objetivo de mantener la huerta histórica como un espacio vivo, rentable para el agricultor y atractivo para el ciudadano con un turismo de baja intensidad, marca las estrategias del plan, que afecta a 40 municipios de L'Horta con unas 11.400 hectáreas de suelo no urbanizable de huerta en regadío. La gestión de ese espacio bajo unas directrices comunes y supramunicipales se perfila en la normativa del plan, pero deberá concretarse en una ley de la huerta que aún no está lista.

La zona que Alboraia reservó para el centro comercial se protege

Esa ley, según avanza el documento, planteará una carga urbanística que contribuya a conservar el uso agrícola de la huerta. El plan señala que "es indispensable que el eje central del rescate de plusvalías urbanísticas sea el mantenimiento de la actividad agrícola". Para ello será necesario crear "una carga urbanística" diferente, "en plano de igualdad" con las tasas existentes, que no son "adecuadas" para este caso. Una posibilidad sería la adaptación a la huerta de la fórmula que prevé la ley del territorio para compensar cada metro cuadrado construido por uno comprado en un espacio natural protegido.

En esa línea, la Consejería de Medio Ambiente estudiará introducir en la ley la "obligación" de que los nuevos desarrollos urbanísticos contribuyan a la conservación del uso agrícola "en una superficie proporcional" a la que ocupen.

En otro apartado del plan se incide en la necesidad "de compensar los impactos que se generan sobre la superficie agraria y que parte de estas medidas compensatorias favorezcan a quienes la mantienen en producción". Así, se plantea también un "canon de protección de la huerta", por ejemplo, para dotaciones privadas que ocupen suelo de huerta (en condiciones restringidas) a cambio de financiar su preservación.Las compensaciones urbanísticas, al margen de la forma que adopten finalmente, serán una vía de financiación del ente gestor que pretende crear la consejería para coordinar iniciativas concretas que dinamicen la huerta, la hagan más competitiva y permitan complementar la renta agraria con actividades ligadas al turismo y el ocio. Todo ello sin convertirla en "un mero contenedor de actividades diversas", sino en un territorio que compatibilice la agricultura y la recuperación del patrimonio rural con "posibilidades de terciarización respetuosas" con el paisaje.

El documento, tras dos años de consultas, ha mantenido en lo sustancial las áreas de huerta a rescatar del ladrillo, pero sin tocar las previsiones de crecimiento a costa del suelo agrícola que ya habían esbozado los municipios al lanzarse el plan, como es el caso de Valencia. No obstante, el plan establece que la "infraestructura verde" que se creará con estos espacios de huerta y las áreas que las conectan "constituye un marco de referencia obligatorio". Los planes urbanos, por tanto, deberán adaptarse a las previsiones de protección de la huerta y "en ningún caso" podrán cambiar la clasificación de suelo no urbanizable de las zonas de la infraestructura verde. Futuras infraestructuras viarias o tendidos eléctricos también deberán recibir el visto bueno del plan para reducir su impacto.

La Dirección General de Paisaje, que dirige Arancha Muñoz, propone tres niveles de protección para la huerta. Aparte de los parques naturales del Turia y de L'Albufera, reciben una protección máxima las huertas de Almàssera, Sant Miquel dels Reis, Campanar o el llamado triángulo de oro de La Punta. En ese grupo se incluye también el llamado Arc de Moncada, del que se ha eliminado una carretera o nueva ronda norte de Valencia que lo partía en dos. También queda protegida de la urbanización la huerta de la ermita de Vera en Alboraia, a donde el municipio pretendía trasladar el centro comercial de Alcampo pese a las protestas de los agricultores.

Un grado menos de protección reciben otros paisajes de alto valor, según los describía el documento preliminar, como son las huertas de Meliana y Bonrepós i Mirambell. En último lugar, con un grado tres de protección, quedan huertas como las de El Puig, Albuixech y Paiporta, entre otras.

Los niveles de protección marcan las restricciones a la ocupación de la huerta, aunque en todos los casos, en mayor o menor medida, se admitirán "nuevos usos que contribuyan" al "aprovechamiento colectivo del paisaje de la huerta".