La rebelión de las mutuas

Las cumbres de la UE y México, primero, y con toda Latinoamérica, después, han coincidido con la ofensiva del presidente del Gobierno español y coyuntural de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero, en redondear las medidas de ajuste, anunciar impuestos a los ricos, aclarar el futuro de las pensiones y apremiar a los agentes sociales para la reforma laboral. Se lo exige el guión de la UE, y Zapatero amenaza con legislar si no hay acuerdo antes de que acabe mayo.

Es, precisamente, de lo que hablan internamente en la patronal, a la vista de que el diálogo social no lleva buen camino. Mientras, los sindicatos subrayan que quieren un acuerdo, aunque no están dispuestos a que se llegue al mismo a costa de que se abarate el despido y se bajen las cotizaciones sociales. Es decir, un lío de difícil solución.

Y quién les iba a decir que a ese lío se apuntarían también las mutuas de accidentes de trabajo, un sector muy implantado en España que maneja las bajas de más de 13 millones de trabajadores. Las mutuas han puesto el grito en el cielo porque, en su opinión, el documento Revisión del Pacto de Toledo, elaborado por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, deja al sector "herido de muerte".

El documento, que ha transitado en silencio desde que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de enero pasado, plantea un cambio drástico en la financiación de la asistencia sanitaria a través de las cotizaciones sociales que realizan las mutuas por "un modelo basado en impuestos o mixto". Es decir, que pase al Sistema Nacional de Salud.

Esta modificación, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), supone la desintegración de la protección integral de los riesgos profesionales, "al extraer el eslabón de la asistencia sanitaria de la prevención, prestaciones, rehabilitación y reinserción". Y, por eso, la asociación, que agrupa a las 20 mutuas existentes, se reunió el pasado lunes para trazar una estrategia de presión y pedir que no se lleve a efecto tal cambio. El pleno instó al presidente de la asociación, Pedro Barato, que es también vicepresidente de la CEOE, para que solicite su comparecencia en la mesa del Pacto de Toledo.

Además, Barato debe pedir a su jefe, Gerardo Díaz Ferrán, que no olvide incluir este capítulo en las negociaciones del diálogo social. La gran patronal quiere reducir las cotizaciones sociales; pero que se haga por otras vías, sostienen.

Según la asociación, la propuesta supone reducir del 32,5% al 32% las cotizaciones sociales de las empresas, lo que supone un ahorro de unos 1.400 millones de euros. Sin embargo, ese ahorro se vería descompensado por el aumento del absentismo como consecuencia del incremento de los días de baja laboral. O sea, mayor coste que la baja de cotizaciones.

"Habría que tener en cuenta los efectos indirectos de la medida, que se traducirían en aumento de las jornadas perdidas, incremento de las prestaciones directas a cargo de las empresas, gastos de sustitución del personal, así como pérdida de productividad y competitividad", dicen las mutuas, que aseguran que lo que quieren es reorientar la propuesta. Fuentes de Trabajo aducen que el documento no deja de ser una propuesta que debe estudiar la Comisión del Pacto de Toledo y que, por tanto, todavía no se pueden tomar conclusiones.

Las mutuas ponen datos sobre la mesa. Los procesos de baja gestionados por las mutuas duran para las mismas patologías hasta cinco veces menos que los gestionados por los servicios públicos de salud. En total, con datos de 2008, la siniestralidad laboral supuso un coste de 8.500 millones de euros y se perdieron 17,5 millones de jornadas por accidentes de trabajo (en 2007 fueron 21,5 millones). El tratamiento en los servicios públicos supondría un aumento del 30%, es decir, 5,5 millones de jornadas perdidas más.

Otra denuncia que maneja la patronal es que Trabajo propone que las reservas acumuladas por las mutuas, que se elevan a unos 3.000 millones, "sirvan de mecanismo financiero transitorio" para evolucionar al modelo de financiación a través de impuestos directos. Esa financiación transitoria hasta que el control pase a los sistemas públicos supone una merma de fondos de la Seguridad Social, según las mutuas.