Griñán afirma que "si es necesario" subirá otra vez los impuestos autonómicos

Las medidas de control del gasto público que la Junta aplicará de forma complementaria a las aprobadas por el Gobierno central podrían incluir un nuevo incremento de los impuestos autonómicos, según reconoció ayer el presidente autonómico, José Antonio Griñán. "No descarto absolutamente nada", dijo ayer al ser preguntado por la cuestión, y tras asegurar que su intención es que las medidas de ajuste no afecten a las políticas sociales apostilló: "Si es necesario incorporar medidas fiscales, lo haremos".

Más tarde, en el discurso que pronunció en la entrega de los premios Arquímedes a la inserción laboral Griñán expuso que "cualquier revisión fiscal que se haga debe gravar especialmente a las rentas y los patrimonios más altos".

Hace apenas dos meses, el Gobierno andaluz ya aprobó un incremento de un punto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la venta de inmuebles que cuesten más de 400.000 euros, coches de lujo, objetos de arte, antigüedades y embarcaciones de recreo de más de ocho metros de eslora, que ahora es el 8%.

Griñán insistió en que además de aplicar las medidas a la que le obliga el decreto de recortes aprobado antes de ayer por el Consejo de Ministros, como la reducción del 5% en el salario de los empleados públicos, la Junta también tomará sus propias iniciativas para el control del gasto público y disminución del déficit. "Vamos a responder con responsabilidad", dijo, pero de momento no se pueden definir las medidas concretas hasta conocer al detalle el decreto del Gobierno. Griñán ha encargado a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que lo analice y defina los procedimientos a seguir para su aplicación y las medidas a tomar.

El presidente aseguró que los ajustes se realizarán "donde menos daño hagan" y sólo adelantó que "seguro" afectarán al gasto farmacéutico y que habrá una reprogramación de las obras públicas. Sobre este asunto consideró que "no pasa nada porque se ralenticen algunas inversiones" porque hay una buena situación por el esfuerzo de los últimos años, aunque garantizó que la Junta siempre cumplirá con el 17,8% de la inversión pública total que se realice en la comunidad autónoma. .

El presidente de la Junta garantizó que los recortes salariales en el sector público se aplicarán con "equidad y proporcionalidad", e insistió en que además de a los funcionarios se extenderán también a las empresas públicas, algo que, a tenor de la posición que mantienen los sindicatos, hace presagiar que la paz social está en riesgo y que habrá un serio conflicto. El secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, llegó a decir que se trataría de una "violación del derecho a la negociación colectiva".

Griñán apeló a la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y dijo que en este momento no sólo cabe esperar iniciativas del Gobierno, sino que "todos" deben "estar a la altura de los desafíos y es momento de los grandes esfuerzos". Además, consideró que con el "sacrificio retributivo" se pretende que no se vea afectado el empleo.

El presidente anunció que junto a la consejera de Hacienda se reunirá con los agentes sociales para explicarles las medidas de ajuste cuando estén definidas.

Los sindicatos, que anteayer iniciaron su campaña de movilizaciones contra el recorte de sueldo a los funcionarios, mostraron ayer de forma contundente también su rechazo a que en Andalucía se extiendan a las empresas públicas. Pastrana recordó que las condiciones laborales de estas empresas se pactan en convenios colectivos que son inviolables, "exactamente igual que cualquier otra empresa". "Lo pactado, pactado está", enfatizó. En todo caso, el dirigente ugetista dijo que las propuestas de recorte de la Junta se tendrían que ver caso a caso en cada una de las empresas con sus representantes sindicales. De forma muy similar se expresó el secretario general en Andalucía de CC OO, Francisco Carbonero, para quien dictar una medida de reducción salarial en las empresas de capital público supondría "una quiebra del derecho a la negociación colectiva y un retroceso en las relaciones laborales en España". Al contrario que Griñán, Carbonero sostiene que los recortes aprobados por el Gobierno afectarán al empleo.

Los tres principales sindicatos del sector público reconocieron ayer que es imposible aún saber la cuantificación exacta que tendrá la reducción de salarios en el sector público en Andalucía.