Al hospital en contra de su voluntad

El internamiento no voluntario de personas con enfermedad mental no funciona. "En Valencia existe un protocolo desde hace un año, pero existe un grave problema de desconocimiento de quienes tienen que aplicarlo: jueces, servicios de emergencias, médicos, psiquiatras, policía", se lamentaba ayer el presidente de la Federación de Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) de la Comunidad Valenciana, Julián Marcelo, que representa a 4.000 familias.

Este procedimiento implica que cuando un paciente tiene una crisis, puede ser ingresado en un centro sanitario con todas las garantías, a pesar de que se oponga. Y es un instrumento de gran importancia no solo para las familias de los enfermos, sino para la adecuada atención de los propios pacientes.

Sin embargo, hasta ahora, había una gran disparidad de criterios, tanto desde el entorno médico como el judicial, a la hora de adoptar una decisión de este tipo. Para corregir esta situación la Consejería de Sanidad presentó ayer un documento destinado a coordinar estas actuaciones en todo el territorio valenciano -solo existía para la provincia de Valencia-. Se trata de "garantizar sus derechos como ciudadanos", pero también que el ingreso "cuente con la menor variabilidad posible y una adecuada coordinación entre el paciente, familiares, equipo sanitario y los responsables judiciales", apuntaron ayer desde el departamento de Manuel Cervera.

"Espero que a partir de ahora se aplique, porque hasta ahora en la provincia de Valencia no ha funcionado nada", insistió ayer Julián Marcelo.

El responsable de Feafes recordó que, al margen de esta cuestión, las asociaciones que asisten a personas con enfermedad mental están pasando graves dificultades debido a las deudas de la Generalitat en el pago de subvenciones y ayudas. "Aún hay pagos pendientes de 2009", comentó. Especialmente delicada es la situación de entidades de Alcoi, Elche y Alicante que cuentan con centros propios, con plantillas de decenas de trabajadores, que se encuentran en una situación financiera extraordinariamente compleja. Las deudas son, sobre todo, de Bienestar Social, pero también de Sanidad. "El secretario autonómico, Luis Rosado, nos ha comentado que el problema no es suyo, es de Hacienda", explicó Marcelo.