Málaga contrató al bufete de una ex edil a los 11 días de cesar
La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) contrató los servicios del bufete de abogados de la ex concejal del PP Rosa Agüera y su marido en junio de 2007, solo 11 días después de que cesara como miembro de la Corporación. El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro Moreno Brenes, ha solicitado la comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, en el próximo pleno para que dé explicaciones sobre los criterios por los que se eligió este despacho.
IU ya solicitó ayer explicaciones en la comisión de Medio Ambiente, pero no compareció el gerente de Emasa, José Luis Rodríguez, que fue quien contrató. La concejal del área, Araceli González, que estaba recién nombrada, se limitó ayer a confirmar que el contrato se produjo el 27 de junio de 2007 y que aún se mantiene, junto a otros cuatro despachos de abogados de la ciudad a los que se les encarga distintos asuntos relacionados con la empresa, pero no aclaró por qué se les eligió ni la cuantía que cobran. IU sí ha encontrado constancia del pago de 1.300 euros al bufete de Rosa Agüera en algunos meses de 2007, pero desconoce si es todo lo contratado y si esa cantidad se mantiene ahora.
Rosa Agüera fue concejal hasta 11 días antes, el 16 de junio de 2007, cuando se constituyó la actual corporación. La edil mantuvo además una singular situación en los dos últimos años de legislatura, ya que en mayo de 2005 el alcalde le retiró sus delegaciones después de que se conociera en público un informe policial sobre la vida privada de la edil elaborado con información facilitada por su escolta. Agüera llevó el caso a los tribunales y criticó en un pleno la actuación del equipo de Gobierno, pero mantuvo su acta hasta el final del mandato.
Moreno Brenes insiste en querer saber el motivo de la elección de Agüera justo en aquel momento. "¿Por qué este despacho y no otro entre los miles de abogados colegiados que hay en Málaga?", se pregunta el edil.
IU critica además que se tenga que contratar con empresas externas labores que debía hacer el propio ayuntamiento como el cobro de recibos atrasados, que es una tarea que según el jurado tributario compete a la empresa municipal de recaudación. "Es un gasto absolutamente innecesario", afirma Moreno Brenes.
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