Sanciones y miniplazas de aparcamiento en Mislata

Aparcar en Mislata era tan difícil en 2005 que el gobierno local, del PP, mandó construir cuatro aparcamientos con 1.006 plazas. La empresa Lubasa se hizo con el contrato con la idea de alquilar las plazas por 40 años a razón de 20.000 euros cada una además. Pero las previsiones fallaron. Sólo hubo ocho interesados y Lubasa, antes de acabar el último, pidió rescindir el contrato.

En un principio, la interventora municipal, Herminia Llop, encargada de controlar las operaciones de la Administración, no puso objeción alguna a la liquidación del contrato. El problema surgió cuando, en informes posteriores, cuestionó la actuación de Lubasa y el equipo de gobierno por cómo se habían ejecutado las obras y cómo se había resuelto el contrato que les unía. Los escritos de la alta funcionaria apuntaban a un posible "enriquecimiento injusto" de la constructora y dejaban en entredicho el proceder del alcalde Manuel Corredera y su equipo.

El alcalde Manuel Corredera apartó a la interventora por cuestionar el asunto

El PP dice que se fía de los técnicos municipales, que no hay enriquecimiento

Todo se complicó hace dos semanas cuando Corredera decidió suspender de empleo a la interventora y abrirle un expediente. El portavoz del grupo popular, Vicente García, argumentó que ésta "se obstinaba y entorpecía el trabajo del equipo de gobierno desde hacía ya dos o tres años". La interventora llevaba 20 años trabajando en el Ayuntamiento hasta la sanción y se niega a hablar con los medios ya que esto, dice, podría perjudicarla. La oposición (PSOE e IU) apunta directamente a los aparcamientos, al "pelotazo que se ha montado el PP" a su costa y el motivo, según su opinión, de que la interventora esté apartada.

Lubasa tenía previsto construir 1.006 plazas de aparcamiento en los tres que acabó, pero entregó 1.064. Los socialistas explican que lo que ha hecho Lubasa es encoger las plazas y así pintar 58. El arquitecto municipal reconoció el exceso de obra en que había incurrido Lubasa y recomendó pagar más de 800.000 euros a razón de 12.701 por cada plaza adicional. El PSOE asegura, Ley de Contratos en mano, que las únicas plazas de más que se hicieron ascienden a ocho, que las otras 50 resultaron de la reparcelación de los tres aparcamientos y que, en todo caso, se debería atender al total de metros cuadrados ejecutados de más por Lubasa para pagar cualquier sobrecoste y no a las plazas de aparcamiento que han sacado finalmente por pintar las plazas más pequeñas. Los socialistas aseguran que el espacio que Lubasa aprovechó de más ocupa 202 metros cuadrados y que la compensación alcanzaría 76.816 euros. Vicente García, portavoz popular, se escuda en el trabajo de los técnicos municipales e incluso en un informe de la interventora suspendida, el primero que redactó en julio del año pasado, en el que "dio el visto bueno a la recepción de los aparcamientos". "Si los técnicos se equivocaron", zanjó, "habrá que preguntarles".

La semana pasada hubo una nueva variante: las goteras. El PSOE divulgó un par de informes entre el miércoles y el jueves que cuestionaban, además de la liquidación del contrato, la ejecución de las obras. Ambos documentos, firmados por el arquitecto municipal, subrayan la deficiente impermeabilización de los tres aparcamientos. Uno de ellos, el primero, es de julio de 2009 y ya sacaba a la luz los defectos de construcción. La rescisión del contrato entre el Ayuntamiento y la constructora es posterior y el segundo informe negativo del arquitecto de la semana pasada. ¿Se liquidó el acuerdo sin comprobar si los aparcamientos estaban debidamente acondicionados incluso después del primer aviso del arquitecto? Vicente García alega que "estas cosas son normales en obras de este tipo".

Lubasa, a través de una portavoz, tan sólo ha dicho que no tenía nada que decir. Para esta semana el PP tiene previsto aportar sus propios informes.