El Consell Jurídic asegura que Xàbia primó a la firma de los aparcamientos
Negocio redondo para la mercantil y desastroso para los ciudadanos. Un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), a petición del portavoz del PSPV, José Chulvi, revela que el Ayuntamiento de Xàbia primó los intereses de la empresa Ecisa al adjudicarle en diciembre de 2005 dos aparcamientos. Una decisión que tuvo consecuencias "perjudiciales y demoledoras" para la Administración pública.
El informe se refiere a una cláusula del concurso que obliga al consistorio a indemnizar a Ecisa si los estacionamientos no tienen una ocupación mínima del 85%. Y eso es lo que está a punto de suceder, porque el rendimiento de los aparcamientos está por debajo de ese índice. El alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, y su socio de gobierno, el popular Juan Moragues (alcalde cuando empezaron a tramitarse las obras) dicen que, en función de esa cláusula, hay que compensar a Ecisa pagándole 20 millones de euros para rescatar la concesión, o indemnizándola con 1,5 millones por cada año en que los aparcamientos sigan sin funcionar, lo que elevaría el coste para las arcas municipales al finalizar el periodo de 30 años de la concesión a 45,8 millones de euros.
El CJC ve ilegal la cláusula que obliga a compensar a la adjudicataria
El dictamen del CJC desautoriza las tesis de Bloc y del PP y alerta de que la citada ocupación del 85% prevista en el pliego constituye un "porcentaje elevadísimo que desplaza el riesgo de explotación a la Administración pública y permite asegurar los beneficios para la concesionaria a costa del interés público". Y agrega que la cláusula no se ajusta a la Ley de Contratos, que asevera que es la concesionaria la que debe correr con los riesgos derivados tanto de la construcción como de la explotación de las obras sin que la empresa pueda exigir compensaciones. En el pliego existe otra cláusula que sí obligaba a la mercantil a correr con los riesgos si el negocio no funcionaba. Esa segunda cláusula permitió que la adjudicación se ajustara aparentemente a la ley pero ahora, para tranquilidad de la empresa, no ha sido tenida en cuenta.
El informe deja claro el excesivo celo de Ecisa para garantizarse la rentabilidad de los aparcamientos. Confirma, tal y como denunció Chulvi el año pasado, que la empresa encargó entre 2004 y 2005 a otra mercantil, Consultora de Actividades Técnicas (CAT), hasta cuatro proyectos técnicos sobre las obras antes de que éstas se adjudicaran -y de que por lo tanto de que se hiciese público el resultado del concurso- que le costaron a Ecisa más de 344.000 euros, "lo que permite entender que la entidad posteriormente adjudicataria del contrato ya disponía de un estudio de viabilidad elaborado por la entidad consultora" y de que por lo tanto tenía interés en realizar unas obras cuyo riesgo, paradójicamente, acabó por asumir la Administración.
El CJC también añade que en el concurso no fue tenido en cuenta un informe del secretario que detectaba deficiencias en el estudio oficial de CAT. En cuanto a las facturas de Ecisa a CAT, matiza que su coste no puede ser asumido en ningún caso por el Ayuntamiento y aunque las califica como "hecho anómalo" no cree que esa presunta información privilegiada sea suficiente para anular la contrata.
El informe asevera que el alcalde debe cambiar su política sobre los aparcamientos. Así, se hace eco de un escrito redactado por Monfort en marzo de este año en el que aseveraba que "los parkings no funcionan, su ocupación es muy deficitaria y el Ayuntamiento se ve abocado a hacer frente a las responsabilidades patrimoniales que se derivan del pliego". Por el contrario, el CJC insta al alcalde a reinterpretar la cláusula que beneficia a Ecisa "para que la Administración no asuma todo el riesgo de la explotación" y no se produzca "la quiebra del principio legal". Incluso va más lejos al advertirle de que si la concesionaria se niega a esa reinterpretación, el Ayuntamiento podrá contar con el apoyo del CJC con el objetivo de que el proceso "no resulte contrario al buen sentido institucional".
Finalmente, recomienda a Monfort que ante el mal resultado de los aparcamientos apueste por el rescate de la concesión o la extinción de mutuo acuerdo del contrato con Ecisa, pero siempre y cuando se garantice la defensa de los intereses públicos.
