La plataforma contra el vertedero de Llanera alega irregularidades

La plataforma en contra de la planta de tratamiento de Llanera de Ranes (La Costera), adjudicada el pasado julio por el consorcio de residuos de la zona a una UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Dinámica Medio Ambiental, SA (Dimesa), no renuncia a seguir planteando batalla en contra de la instalación. El colectivo viene registrando ante los ayuntamientos afectados un escrito en el que instan a los municipios a presentar alegaciones, ante lo que consideran "irregularidades" en el proceso de adjudicación.

Desde el principio, la plataforma ha objetado contra las excesivas dimensiones de la planta, más de 272.000 metros cuadrados de superficie y una capacidad de tratamiento de 250.000 toneladas al año, para dar servicio a las comarcas de La Costera, La Canal de Navarrés, Valle de Ayora, La Vall d'Albaida y La Safor. La planta estaría próxima a núcleos de población y ubicada sobre el acuífero del Caroig. Pero los críticos con la planta trasladan ahora las objeciones al ámbito jurídico y a posibles defectos de forma en la adjudicación. Así, recuerdan que el pliego de condiciones técnicas exigía incorporar a las propuestas en liza una serie de estudios geológicos, geotécnicos e hidrológicos, con ensayos in situ, que no constan.

Por otro lado, recuerdan que el plan zonal indicaba que la instalación debía ubicarse "lo más cerca posible al centro de gravedad de producción" para minimizar los costes de transporte, lo que obligaría, a criterio de la plataforma, a construir la planta entre las comarcas de La Safor y La Vall d'Albaida. Otros aspectos de la licitación tampoco cumplen "con los mínimos criterios de rigor exigibles". La plataforma se acoge a "fuertes discrepancias" en la comisión técnica del consorcio y al voto particular de dos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente por las "omisiones e irregularidades" de las propuestas.

Pese al activismo del colectivo, en La Costera, comarca receptora de la instalación, se ve difícil revertir un proceso que cuenta con un amplio respaldo político en el consorcio de residuos, incluyendo ciudades del peso de Gandia y Xàtiva, de diferente signo político.