"Bilingüista", en el sentido más peyorativo

Minutos después de haber sido presentado ante la prensa el borrador del decreto de plurilingüismo en la enseñanza no universitaria, los medios aireaban la reacción del secretario general del PSdeG, quien acusaba al Gobierno de "consumar la mayor afrenta nunca hecha a la lengua gallega" al declararla "lengua hostil" de Galicia. Leyendo tan campanudas palabras recordé aquel día de junio de 1988 en que ese mismo partido, entonces en el Gobierno tripartito, votó en contra de la ley que hacía del gallego la lengua de la Administración local. Todos los demás votaron a favor, incluida la Coalición Popular, que había pasado del gobierno a la oposición tras la famosa moción de censura.

La mayoría de padres podría aceptar el gallego como lengua vehicular, en equilibrio con el castellano

Aquella ley, moderada y concisa, establecía que las convocatorias de sesiones, órdenes del día, actas, etcétera, tendrían que redactarse en gallego, sin perjuicio de que se hiciese también en castellano. Pero el PSdeG sostenía que el uso del gallego en estos procedimientos municipales no debería ser impuesto, sino que su utilización debería ser fruto de un consenso entre los trabajadores. El secretario general de los socialistas anunció medidas disciplinarias contra dos díscolos parlamentarios de su grupo que habían apoyado la ley, y contra un tercero que se abstuvo.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces. A excepción de la ortodoxia nacionalista, que desde siempre ha venido divisando en el horizonte una lengua propia que lo llene todo, el imaginario de los demás grupos políticos ha ido moviéndose, aunque con distinto ritmo, en esa misma dirección, hacia metas más o menos lejanas y con distinta sintonía social. También ha ido moviéndose el imaginario del conjunto de la sociedad, no de forma homogénea y unidireccional, sino más bien de forma fragmentada, en direcciones divergentes y a veces contrapuestas, como suele suceder cuando impera la libertad. Pero la mayoría no se ha adentrado demasiado por ninguna de las sendas, y esto último por sí mismo debería hacer posible un amplio consenso en torno al papel de las lenguas en el sistema educativo. Que alguna voz en el nacionalismo haya dicho tímidamente que convendría abrirse a la evidencia de que en Galicia hay dos lenguas habituales, puede ser muy buen indicio.

Han pasado treinta años largos desde aquel decreto de 1979 en el que, por primera vez, se regulaba el uso vehicular del gallego en el sistema educativo, poco después de haberse aprobado la Constitución e iniciado el tránsito hacia el Estado de las Autonomías. Se trataba de facilitar que en los niveles de Preescolar, Educación General Básica y Formación Profesional Primer Grado, la enseñanza se pudiese basar en la lengua materna de los escolares, atendiendo a las opciones manifestadas por los padres de los alumnos y a los medios disponibles. Había algunos requisitos, pocos y sencillos: una solicitud de la dirección del centro, acompañada de copias de las actas del claustro y de la asociación de padres apoyándolo, una relación del profesorado responsable y un plan pedagógico-organizativo.

Tanto el decreto como la orden que lo desarrollaba habían sido copiados, casi al pie de la letra, del que se había aprobado para Cataluña unos meses antes. Pero los efectos fueron muy diferentes allí y aquí. Mientras que en Cataluña se produjo una verdadera avalancha de solicitudes, en Galicia hubo tan sólo tres. Lo recuerdo bien porque yo era uno de los vocales de la Comisión Mixta Ministerio de Educación- Xunta para el desarrollo del decreto. Las tres solicitudes fueron aprobadas, aunque dos de ellas venían sin el preceptivo acuerdo de la asociación de padres. Para empeorar las cosas, una de éstas fue impugnada por uno o dos padres, lo que dio lugar a tensiones y a un cruce de acusaciones que estuvo a punto de provocar la renuncia o el cese del secretario de la comisión, una persona con protagonismo destacado en el nacionalismo cultural.

El otro nacionalismo ya entonces tenía las cosas claras: el decreto era una herramienta de represión diseñada con la perversa intención de exterminar el gallego. Por esas fechas oí por primera vez cómo uno de sus líderes me llamaba "¡bilingüista!", proferido como insulto, con gran desprecio, "en el sentido más peyorativo de la palabra".

Pues ahí permanece uno, siendo todavía bilingüista y creyendo que es la mejor receta para posibilitar la participación (que no tiene por qué ser inmersión) en un sistema cultural autónomo. Y lo que se observa desde este ángulo es que, a diferencia de lo que ocurría hace treinta años, hoy casi todos los padres podrían aceptar que el gallego se use como lengua vehicular en la enseñanza, de forma equilibrada con el castellano, aunque algunos quieran algo más y otros quieran algo menos. No es poco mérito para una sociedad en cuyas franjas urbanas más jóvenes, desde los propios escolares hasta sus padres, predomina el uso habitual del castellano. Nadie debería desperdiciar la oportunidad, pues puede no haber en el futuro otra mejor.

Mauro Fernández es catedrático de Lingüística General