Castigada por ser madre

Cuando María Teresa Arias se quedó embarazada de su primera hija, en 2006, no supo muy bien cómo darle la noticia a su jefe. "Estas cosas por lo general no sientan nada bien en ninguna empresa", dice esta auxiliar administrativa de 33 años. Cuando por fin lo anunció, recibió de su superior lo que le pareció "una felicitación normal". Luego llegaron los problemas.

Arias acabó relegada y sola en una nave de Guadalajara, sucia, vacía y a 48 kilómetros del puesto de trabajo que había tenido hasta entonces. Una inspección del Ministerio de Trabajo avala la versión de la empleada. En un duro informe, califica lo ocurrido como "una situación de acoso discriminatorio". La empresa ha presentado alegaciones al escrito de la inspección.Arias comenzó la relación laboral con la que todavía es su empresa, Albura Ebanistería y Carpintería Técnica, con sede en San Sebastián de los Reyes, en 1988. En octubre de 2007, pocos días antes de reincorporarse al trabajo tras su primera baja maternal, la trabajadora pidió una reducción de jornada para poder cuidar de su hija. Asegura que desde que ejerció ese derecho legislado (trabajar menos con la consiguiente reducción de salario para cuidar de un hijo) fue apartada de sus funciones habituales como auxiliar administrativa. "Pasé a coger el teléfono y a abrir la puerta", asegura la trabajadora.

La mujer calló. "Tenía miedo de empeorar las cosas. Me quise conformar", se justifica. "El trabajador, aunque sabe que no ha hecho nada malo, tiende a pensar que empeorará su situación si reclama sus derechos", puntualiza Mari Cruz Espartosa, la abogada del sindicato UGT que lleva su caso.

La reducción de funciones continuó para Arias. Cuando llegaron las vacaciones anuales de 2008 la empresa le obligó a tomarlas en la última semana de mayo y las tres primeras de junio, lo que, según la empleada, le impedía conciliar con su vida familiar. Por eso pidió una excedencia desde el 28 de julio hasta el 3 de septiembre. Al regresar al trabajo siguió con sus tareas anteriores de abrir la puerta y coger el teléfono. Y al año siguiente, más de lo mismo. Así, en 2009, por la misma imposición de vacaciones fuera de la temporada habitual, solicitó otra excedencia de los dos meses veraniegos. En ese lapso la mujer se quedó embarazada y recibió un burofax con el que se le notificó que desde el 1 de septiembre y "hasta nuevo aviso" iba a ser trasladada en solitario a una nave de la empresa, ubicada en un polígono a las afueras de Guadalajara, a 48 kilómetros de distancia de su anterior puesto de trabajo, en San Sebastián de los Reyes. A partir de ese momento, el cometido de Arias iba a ser la realización de un inventario exhaustivo del material existente en la nave y el control de las entradas y salidas de los artículos almacenados.

Cuando María Teresa vio las condiciones de su nuevo lugar de trabajo, sucio y polvoriento, interpuso una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo que envió a una inspectora. La funcionaria avaló las quejas de la empleada. La visita se saldó, además, con un acta de infracción por el incumplimiento de las condiciones mínimas de prevención de riesgos laborales.

El informe de la inspectora, de 10 folios, hace un requerimiento a la empresa para que recoloque a su empleada inmediatamente. La inspectora describe así la oficina donde fue destinada María Teresa: "La nave se encuentra muy sucia, llena de polvo, con telarañas en el techo. Hay varias latas vacías de pintura para recoger el agua que se filtra y gotea. La oficina, habilitada como puesto de trabajo, se ha construido con unas planchas de pladur".

"Estaba rodeada de los trastos que sobraban del otro almacén. Tenía una calculadora y un bote con cuatro bolis. Hasta me recomendaron que cerrase la puerta con llave mientras estuviese dentro", resume Arias. "Volvía a casa llorando todos los días", añade. Estuvo allí casi tres meses. El escrito de la inspectora, que habla de una "falta absoluta de ocupación efectiva" de Arias, su "total aislamiento" y "órdenes de realizar tareas inútiles y repetitivas", constata "la situación de acoso discriminatorio sufrido por la trabajadora", lo que le ha llevado a dos bajas médicas por ansiedad. Situación en la que, a punto de dar a luz a su segundo hijo, todavía se encuentra. Con las conclusiones del informe de la inspección bajo el brazo, María Teresa Arias pidió el despido tras 12 años de relación laboral y una indemnización por daños y perjuicios de más de 35.000 euros. La empresa no ha accedido y todo indica que al final será el juez de lo social quien decida.

El gerente de la compañía, Luis Quintana, que ha respondido a este periódico por escrito a través de su abogado, niega que se haya discriminado por razón de sexo a Arias ni a ningún otro trabajador de la compañía. La empresa ha presentado alegaciones al acta redactada por la inspectora de Trabajo y este procedimiento administrativo tardará meses en concluir, previsiblemente.

A punto de dar a luz, María Teresa Arias se siente liberada y asustada. "Las empresas saben que el 90% de los trabajadores se despiden por su cuenta ante situaciones así, lo raro es lo que ha aguantado ella", la anima su abogada, Mari Cruz Espartosa, convencida de que ganarán el caso.