Los profesores se plantan por la sanción al director de Monforte

La suspensión de empleo y suelo durante 20 días impuesta la semana pasada al director del instituto público Les Nòries de Monforte del Cid (Alicante) está bloqueando, prácticamente, todas las mesas y foros de negociación de la Consejería de Educación.

La reunión plenaria de la Junta de Personal Docente celebrada ayer por tarde en Valencia acabó con una declaración de "rechazo" de la sanción, otra de "solidaridad" con el director expedientado y con un "encierro prolongado" en el salón de actos de la sede de la consejería en Valencia. Casi en paralelo, la Junta de Personal Docente de Alicante mantuvo una tensa reunión con Valero Antonio Alías, director territorial de Alicante, que es la circunscripción a la que pertenece el instituto. La cita acabó con una sonada "ruptura de relaciones" institucionales con los responsables de la Administración educativa en esta provincia. Los sindicatos representados en la Junta de Personal Docente de Alicante denunciaron "la falta de consideración mostrada ante las reiteradas peticiones de sobreseimiento del expediente al director del IES Les Nòries, José Luis Santiago". Y ante "el exceso de celo mostrado en la ejecución de la sanción", ya que ordenó su inmediata aplicación, sin que el afectado pudiera alegar o presentar recurso alguno.

La sanción "viola la libertad" y muestra "autoritarismo innecesario"

La junta considera que la resolución del expediente disciplinario -por haber permitido que se colgara una fotografía del consejero Alejandro Font Mora cabeza abajo durante meses- "viola el derecho a la libertad de expresión", ya que el acuerdo de colgar la fotografía se tomó de forma asamblearia en el claustro. No fue, por tanto, una decisión personal del director del centro, sino que respondía al malestar del personal docente y de los alumnos, en el contexto de las fuertes protestas y movilizaciones que paralizaron el sistema educativo valenciano con una huelga general contra la imposición de estudiar en inglés el temario de Educación para la Ciudadanía.

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia enterró esta "ocurrencia" en julio, dando la razón a la comunidad educativa, la consejería alargó el proceso a Santiago hasta el 16 de febrero, un año y cuatro meses después de iniciar las averiguaciones, que han tenido hasta tres instructores de por medio.

Los sindicatos creen que es una muestra de "autoritarismo innecesario" para "coartar la vida democrática" de los centros educativos. Los inspectores de la asociación profesional Adide lo ven como un atentado no sólo contra la libertad de expresión, sino contra la comunidad educativa y la enseñanza en general.

La Plataforma per l'Ensenyament Públic -integrada por el STEPV, CC OO, UGT, la Confederación Gonzalo Anaya de padres, los sindicatos estudiantiles, directores, inspectores y Escola Valenciana- tienen previsto ofrecer hoy una rueda de prensa para dar a conocer nuevas movilizaciones y actos de protesta contra esta sanción que consideran "muy grave".