El PSPV exige las cuentas de las fundaciones públicas

Cristina Moreno, responsable de Hacienda de los socialistas valencianos, agitó ayer el "escándalo" desatado en torno a una subvención de 300.000 euros que fue anunciada y posteriormente anulada por la Diputación de Valencia a una "fundación pública fantasma" para exigir que los presupuestos de las fundaciones públicas, aquellas en las que el socio mayoritario es la Generalitat, se debatan en las Cortes como un anexo a la ley de presupuestos.

Gerardo Camps, consejero de Hacienda y presidente de la fundación Gestión y Eficiencia Empresarial desde su constitución en 2007, redondeó el baile de fondos públicos cuando afirmó el viernes que no estaba enterado de nada. "Si el presidente de una fundación pública y consejero de Hacienda no está enterado de una subvención que triplica sus gastos de personal", dijo Moreno, "la gestión económica del Consell del PP empieza a ser peligrosa para la salud de los valencianos".

La diputada socialista recordó que existen 36 fundaciones públicas de la Generalitat "según un consenso generalizado" que son gestionadas como otros tantos "chiringuitos financieros" porque sólo es posible conocer sus cuentas a toro pasado, una vez publicadas en la cuenta general, en agosto del año siguiente. Con esos datos, además, es imposible discernir qué ingresos proceden de las arcas de la Generalitat y cuáles de otros patronos. La iniciativa del PSPV supone una modificación de la Ley de Hacienda. "Confiamos en que el PP rompa la dinámica habitual y apoye nuestra propuesta", concluyó.