Ganar credibilidad
Tras el susto que ha supuesto el ataque de los mercados del 4 de febrero a los países del euro, y en especial a los más débiles, por el intenso crecimiento del déficit público y, por tanto, del endeudamiento, la reacción de la UE, liderada por Alemania, ha sido mostrar el compromiso de solidaridad, al tiempo que se exige la corrección de las finanzas públicas en el marco del Plan de estabilidad europeo. El objetivo es incrementar la credibilidad y convencer a los mercados de la capacidad del euro de superar la crisis económica y financiera en la que estamos sumidos.
Respecto a España, los mercados se han mostrado muy inquietos. El nivel de endeudamiento (público y privado) de su economía ha seguido aumentando durante la crisis. Si bien se ha moderado el endeudamiento de familias y empresas por los ajustes sufridos, el del sector público ha aumentado. Las necesidades de financiación de este endeudamiento frente al exterior obligan a ganar credibilidad y a contar con una financiación adecuada que no eleve los pagos por intereses de la misma. El problema de la falta de credibilidad consiste primero en pagar más cara la financiación, aumentando los "spreads" con países mejor valorados y la posible carencia posterior de financiación si la situación se agrava.
Las hipótesis de crecimiento y recaudación de impuestos para el Plan de Estabilidad parecen muy optimistas
Para ganar la credibilidad necesaria, España tiene que dejar de creer que los demás nos sacarán de la crisis. Tiene que dar señales claras que permitan confiar en la próxima corrección de sus problemas estructurales. No vale anunciar reformas y luego dilatarlas. En este momento hay tres frentes de reformas abiertos ya por el Gobierno: el ajuste del sector público (Estado, CC AA y corporaciones locales), la reforma laboral y el sistema de pensiones. Dada la incapacidad política de conseguir un pacto nacional, en la que todos los partidos tienen su parte de culpa, el Gobierno tiene que impulsar seriamente esas reformas y llegar al menos a acuerdos parciales que permitan avanzar.
El ajuste del sector público tiene varias vertientes. Posible reforma de los ingresos y recorte de los gastos. Las actuaciones previstas por el Gobierno se realizan en tres frentes: ha presentado la actualización del Plan de Estabilidad 2010-2013 con el compromiso de alcanzar un déficit público del 3% del PIB en 2013, según las exigencias de la UE. Una propuesta de acuerdo marco con las CC AA y corporaciones locales para el periodo 2010-2013 que deberá ser analizado y acordado en su caso en el marco del Comité de Política Fiscal y Financiera, y por último, el 12 de febrero aprobó unas medidas de austeridad presupuestaria de acción inmediata, con un recorte del gasto del Estado de 5.000 millones de euros.
El Estado se beneficiará, en la fase expansiva, del crecimiento de los impuestos, pero la hipótesis de crecimiento y, por tanto, el aumento de la recaudación de impuestos durante los próximos años, en los que se enmarca el Plan de Estabilidad, parecen muy optimistas si los comparamos con las previsiones de las instituciones y analistas nacionales e internacionales. Pero lo más difícil va a ser el acuerdo con las CC AA (de diferentes signos políticos). La importancia de los capítulos de gasto transferido como la enseñanza y la sanidad impide realizar un recorte del gasto del conjunto de las administraciones públicas sin reformas acordadas de profundidad. El crecimiento de la población de los últimos años ha llevado a un crecimiento intenso del gasto en estos capítulos. Sólo con medidas como el copago en visitas médicas y ajustes en el gasto de medicamentos que eviten el derroche gratuito podrá mantenerse el sistema actual de sanidad pública. El aumento del número de cargos, asesores y funcionarios en las administraciones territoriales ha sido a todas luces excesivo. Ya que los ingresos de las CC AA estarán limitados, si no se recorta suficientemente el gasto aumentará el déficit y la deuda de las administraciones territoriales, en vez de conseguir la reducción que se propone en el Plan de Estabilidad presentado a la UE.
En el tema de la reforma laboral, sindicatos y patronal tienen que negociar en todos los frentes: salarios, contratación y negociación colectiva. El sistema actual no es válido. Como se ha visto en este periodo de crisis, destruimos proporcionalmente más empleo con la caída del PIB que otros países. Analícese la situación para corregirla y permitir que se cree más empleo en la nueva y esperemos la próxima fase de crecimiento. No vale un simple acuerdo de crecimiento moderado de los salarios. No es realista cuando hay muchas empresas que están acordando fuera o dentro del convenio recortes salariales con diferentes modelos.
El tercero de los frentes es a más largo plazo, ya que el sistema de pensiones actual será sostenible en el medio plazo. El proceso de envejecimiento de la población es imparable y, por tanto, urge reformar el sistema de pensiones actual. Las líneas anunciadas por el Gobierno (aumento de la edad de jubilación y ampliación del periodo de cotización considerado para su cálculo) son correctas y acordes con las reformas hechas en otros países de la UE. El error fue anunciarlo sin contar con la discusión y el acuerdo del Pacto de Toledo, comisión del Parlamento en la que todos los partidos políticos deben estudiar y proponer la reforma. El peligro está en la dilación. La comisión tiene toda la información necesaria para su análisis y debería presentar una propuesta lo antes posible, dejando al margen intereses electorales.
La tarea de llegar a acuerdos en estas materias no es fácil, pero es imprescindible para ganar la credibilidad de los mercados. Si no se hace, la situación empeorará y llegaremos al periodo electoral en unas condiciones muy difíciles para todos los partidos políticos, y, desde luego, para España.
Carmen Alcaide es analista y ex directora del INE.
