El Consell revisará toda la legislación urbanística que aprobó hace cinco años

En apenas dos años -de 2004 a 2006- el Consell de Francisco Camps puso patas arriba toda la legislación urbanística valenciana con el pretexto de derogar la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Cinco años después de aprobarse, el balance por la aplicación de estas leyes es calamitoso. La Unión Europea ha pedido en varias ocasiones reformas legales para evitar los abusos a particulares y estaba pendiente la adecuación a la Ley de Suelo estatal.

Ayer, el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, presentó un borrador que simplificará el complejo y farragoso cuerpo legislativo urbanístico. Tras un periodo de consultas, la consejería empleará este texto provisional, redactado por tres catedráticos universitarios, de base para corregir, sobre todo, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), pero también la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), la de Suelo No Urbanizable y el reglamento. Un 30% de la LUV se modificará. De la LOT caerán "cuatro o cinco artículos" y se varía el 50% del reglamento de ordenación y gestión del territorio. No es un simple lavado de cara. El Consell negociará con la oposición el proyecto de ley.

El motivo de la revisión, dio a entender Cotino, es acabar con la inseguridad jurídica que han generado estas leyes, con más de 1.000 artículos. De hecho, los tribunales acumulan miles de denuncias por casos urbanísticos en la Comunidad Valenciana.

El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo presentó este borrador como parte de todo un programa de actuaciones que ya impulsó su predecesor en el cargo, José Ramón García Antón, que falleció el pasado verano, para sacar la legislación valenciana del atolladero en el que estaba y, de paso, adaptarla a la Ley del Suelo y a directivas europeas como la de la evaluación medioambiental.

Diferentes colectivos profesionales, como arquitectos, abogados e ingenieros llevaban quejándose de la complejidad de las leyes desde el mismo momento de su aprobación. "Para hacer cualquier cosa, tenemos que vérnoslas con más de 1.000 artículos legales de cierta entidad. Es imposible", reconocía ayer uno de estos profesionales.

Los cambios, a falta del periodo de consultas que la consejería tendrá abierto hasta finales de marzo, serán notables. Los planes parciales reclasificatorios, tan en boga durante el boom urbanístico, desaparecen, al igual que se suprime el concierto previo y se destierran definitivamente los convenios con "personas jurídico-privadas" que se refieran a la ordenación. Con todo ello, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se convierte en el único instrumento para reclasificar suelo no urbanizable, si se exceptúa la figura de área prioritaria.

El agente urbanizador permanece como principal instrumento para la gestión indirecta de un plan urbanístico, pero pierde toda su capacidad de iniciativa para establecer el planeamiento, que sólo podrá fijar el Ayuntamiento a través del PGOU. La cláusula del metro por metro, que estableció Blasco y colisiona con la normativa estatal, desaparece, aunque la propia consejería reconoció que por el poco tiempo transcurrido desde que la ley entró en vigor no hay tantos casos como se piensa. También sucumben las cédulas de urbanización territorial y se copia de la ley estatal del Suelo que los desarrollos urbanísticos no podrán superar el 20% del término municipal.

El consejero sí dejó claro que estas modificaciones legales, que se intentarán pactar con los socialistas cuando el texto llegue a las Cortes, no tendrán carácter retroactivo; es decir, no afectarán a los planes urbanísticos que hayan sido aprobados de forma provisional o que hayan superado la exposición pública. El departamento de Medio Ambiente no precisó cuántos planes se librarán de la reforma. "El momento de calcularlo será cuando se apruebe la ley", dijo María Ángeles Ureña, número dos de Cotino.

Una vez este borrador se convierta en proyecto de ley, El Gobierno valenciano procederá a refundir todas las leyes urbanísticas —para evitar contradicciones— y elaborará un manual de buenas prácticas, una especie de guía de instrucciones para que profesionales y ayuntamientos sepan cómo tramitar con agilidad el planeamiento.

Cotino no quiso convertir esta revisión en profundidad de las leyes en un ataque personal a su compañero de Consell y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, artífice de gran parte de estos textos. "Cada momento requiere una cosa", dijo. También precisó que el Consell puede, tras el periodo de consultas, prescindir de algunos puntos del borrador.

Este nuevo impulso legislativo que pretende el Consell se completará con la Estrategia Territorial, todavía en periodo de información pública, y con un manual de buenas prácticas, una especie de guía de instrucciones para facilitar la gestión a los ayuntamientos.