Fiscalía abre diligencias por la permuta de Tabacalera

La Fiscalía de Valencia investigará la permuta que realizó el Ayuntamiento de Valencia en la operación Tabacalera. Los socialistas del consistorio presentaron el pasado diciembre una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. En ella, se relataban los hechos y se solicitaban acciones contra las personas que fueran responsables. La Fiscalía Superior sólo tiene competencias sobre aforados. Como no se citaba a ninguno, el fiscal superior remitió un expediente gubernativo con la denuncia a la Fiscalía Provincial, que se ha hecho cargo del caso y ha abierto las diligencias oportunas para poder investigar los hechos.

La oposición trasladó una denuncia en la que consideró que el gobierno de Rita Barberá perdió la oportunidad de ingresar 56 millones de euros con el convenio suscrito con la inmobiliaria Guadalmedina para permutar las dependencias municipales de la plaza de América por el antiguo Palacio de la Industria, núcleo del complejo industrial de Tabacalera. Eso es, según los socialistas, una supuesta prevaricación. Carmen Alborch, portavoz socialista en el consistorio lo calificó del "mayor pelotazo urbanístico de la era Barberá".

La polémica se arrastra desde hace años. La oposición ha hecho cuentas y ha concluido que en la permuta quienes perdieron fueron los valencianos. Según Alborch, la alcaldesa entregó a Gualdalmedina el edificio de las antiguas dependencias municipales, en la plaza de América, por un valor muy inferior al que dictaba el mercado. A cambio, el consistorio valenciano adquirió la parte central de Tabacalera, que ha sobrevivido a los derribos y que ahora es sede administrativa.

Los socialistas sostienen que Barberá "regaló" el edificio a la constructora basándose en las cifras por las que la Generalitat vendió los antiguos juzgados, ubicados en la misma calle que las dependencias municipales. La operación coincidió con el momento en el que el Ayuntamiento llevó a cabo la permuta del edificio y la Generalitat cobró tres veces más por los juzgados.

El gobierno local, el día que el PSPV presentó la denuncia, se mofó tildando la acción de "paripé" y anunció tomar medidas similares contra todo el grupo municipal, aunque no especificó el motivo. "Es un juego más de titiriteros al que estamos acostumbrados", dijo entonces el concejal de Relaciones con los Medios de Comunicación, Miquel Domínguez.