El Consell cortocircuita la ayuda a jóvenes para alquiler

Algo no cuadra en las ayudas al alquiler para jóvenes, bautizadas como renta básica de emancipación por el Ministerio de Vivienda, en territorio valenciano. La comunidad autónoma es la cuarta con mayor número de jóvenes en edad de recibir las ayudas. Pero cae al sexto puesto en la clasificación de las que más reciben. En 2009 se situaron por delante Cataluña (con 31.519 pagos verificados), Madrid (27.074), Andalucía (20.620), Galicia (13.859) y Castilla y León (13.293). En la Comunidad Valenciana se realizaron 12.327 y en Castilla-La Mancha 9.859, a pesar de que hay casi tres veces más jóvenes valencianos que manchegos.

La renta básica de emancipación la paga el Gobierno, pero la tramitan las comunidades autónomas. Consiste en una ayuda de 210 euros al mes para el alquiler, 600 euros para la fianza y 120 para los gastos de tramitación del posible aval. La pueden solicitar personas de entre 22 y 30 años con una fuente regular de ingresos que no supere los 22.000 euros brutos al año.

La valenciana es la autonomía que menos oficinas ha abierto

Al firmar el convenio para su puesta en marcha, el Gobierno de Francisco Camps se comprometió a "habilitar ventanillas únicas de gestión" y a "adoptar las medidas necesarias de todo tipo a fin de dar a conocer a los ciudadanos de su territorio la existencia y condiciones de la renta básica de emancipación y facilitarles la solicitud de la misma". Pero la realidad ha ido por otro camino.

La valenciana es la autonomía que menos oficinas para tramitar las ayudas por habitante en edad de solicitarla ha abierto. Para todo el territorio sólo hay tres, lo que representa una cada 173.762 jóvenes. En Madrid hay 20 oficinas, una cada 45.337 posibles solicitantes. En Castilla y León, 14, una cada 22.285. En Cataluña, 59, una cada 17.053. Y en Extremadura (en el otro extremo de la tabla) hay 39 oficinas, una cada 3.790.

El Gobierno valenciano tampoco destaca por la publicidad brindada a la renta básica de emancipación. Una vuelta por las webs de comunidades autónomas de distinto signo permite encontrar con relativa facilidad la ventana de la ayuda. No es el caso del sitio de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que dirige Juan Cotino, vicepresidente tercero del Consell.

Ni da la impresión de estar en vías de mejorar. Entre junio y diciembre de 2009, en lo más crudo de la crisis, las resoluciones tramitadas por la Generalitat cayeron 6,7 puntos respecto al semestre anterior. En ese mismo periodo, en cambio, en Galicia crecieron un 11,8%. El problema no está directamente vinculado al color político de la Administración: cabe recordar que el incremento gallego se produjo con el PP en la Xunta, ya que Alberto Núñez Feijoo tomó posesión el 18 de abril.

Atendiendo a la población en edad de recibir las ayudas, a la Comunidad Valenciana debería representar el 11% de los pagos, pero sólo supone el 7,1%.

Como en otras iniciativas del Gobierno que exigen la participación de las autonomías, desde la aplicación de la Ley de Dependencia a la introducción de ordenadores para los alumnos, en la renta básica de emancipación también aparecen cortocircuitos. Adivinen quién la paga.