El juez pone el 'caso Terra Mítica' al borde de un archivo definitivo

El caso Terra Mítica se mantiene abierto sin la parte esencial que dio lugar a la investigación judicial. El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia dictó ayer un auto por el que archiva el delito fiscal. Es decir, el fraude fiscal que detectó la Agencia Tributaria a través de facturas falsas por un importe de más de 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001 en relación con trabajos realizados para el parque temático Terra Mítica ha desaparecido del sumario. ¿Por qué? Porque el juez considera que ha prescrito.

A esa conclusión le ha llevado la argumentación de los recursos presentados por varios de los imputados (llegaron a ser 31 y ahora son 24 empresarios de 20 mercantiles, incluida Terra Mítica). Esos recursos planteaban un error por parte de la Agencia Tributaria. Los recurrentes defendieron ante el juez que no se ajustó a derecho la denuncia porque fue trasladada a la fiscalía sin darles la oportunidad de alegar sobre las irregularidades que detectó la Agencia Tributaria. El artículo 180.1 de la Ley General Tributaria así lo prevé.

En el caso siguen imputados 24 empresarios de 20 mercantiles

El parque temático figura como víctima y como imputado en la causa

Inicialmente, el magistrado consideró que eso no era en modo alguno una vulneración de un derecho porque cada uno de los imputados -entre los que se encuentra el empresario Vicente Conesa, próximo a Eduardo Zaplana desde que éste fuera alcalde de Benidorm y pieza nuclear en la trama- tenía la posibilidad de explicarse y aportar la documentación que consideraran oportuna a lo largo de la instrucción.

Pero esa explicación no convenció a los imputados y acudieron a la Audiencia Provincial de Valencia. Y ésta les dio la razón. Obligó a la Agencia Tributaria a cumplir con ese trámite. Lo hizo, aunque no para todos, y volvió a llevar la causa al juzgado. Para entonces, el supuesto delito de falsedad que se había incluido en la investigación el juez lo dio por prescrito. La instrucción se repitió, incluidas las declaraciones de los imputados. Prosiguieron las pesquisas.

Sin embargo, los excluidos por la Agencia Tributaria de ese trámite a que obligó la Audiencia optaron por reclamarlo por la vía contencioso-administrativa. Y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) les dio la razón. Se produjo entonces una situación no exenta de discusión: un tribunal de una jurisdicción distinta de la que tenía en sus manos el caso decidía sobre el asunto y además consideraba que todo era nulo.

Con ese fallo, los que promovieron la actuación del TSJ solicitaron al juez de Instrucción 3 que contemplara la decisión y por tanto que archivara la causa. Se ha tomado meses para ello. De hecho, entre tanto, ha decidido a propósito de imputaciones (varias han sido archivadas) y de comisiones rogatorias, en dos ocasiones, a Suiza, Andorra y Alemania para saber movimientos de dinero de los implicados, sobre todo de Vicente Conesa. Más aún, ha unido a la causa la información recogida por Instrucción 17 cuando se hizo cargo de la querella que Zaplana presentó contra dos de los imputados y dos diputados socialistas autonómicos por las grabaciones que éstos hicieron de una conversación en la que los dos empresarios aseguraron que Vicente Conesa se llevaba el dinero en maletines y que les había dicho que parte de él era para el ex presidente.

Ayer, el juez decidió archivar el núcleo de la causa, el origen de la investigación: el delito fiscal que se perpetró a través de una trama de facturas falsas en distintos escalones empresariales con las obras para el parque temático Terra Mítica como objeto del delito.

El magistrado asegura, según el comunicado del TSJ, que "la nulidad afecta al delito tributario y no a otro tipo de infracciones penales que puedan derivarse de las investigaciones". Es decir, se mantienen vivos los supuestos delitos de estafa, malversación y blanqueo de capitales. Pero esa afirmación dependerá de factores varios. Primero, de la respuesta que se dé a los previsibles recursos que van a presentar la fiscalía, la Abogacía del Estado y los socialistas. Después, y en buena medida, dependerá de si Terra Mítica, que en la causa ha gozado de doble condición (imputada y víctima, porque pagó, porque no fiscalizó las facturas y porque pudo ser engañada) decide, ahora sí, personarse como acusación por haber sido estafada. Y, al tiempo, deberá resolverse la teoría del árbol envenenado sobre la que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, al menos, en dos sentencias, en 1984 y en 1997. ¿Son válidas las pruebas obtenidas de una causa cuyo inicio se anula? ¿Contamina al conjunto de la investigación el que se dé por no ajustado a derecho el procedimiento que ha llevado la causa a un tribunal? Ayer, sin conocer el detalle de la resolución, las partes consultadas advertían de un debate intenso y no fácil de resolver.

La Agencia Tributaria denunció ante la fiscalía la trama de fraude fiscal en junio de 2005. La fiscalía consumió los seis meses para investigar al borde de la prescripción si no se interponía denuncia, llevó el asunto al juzgado en noviembre de aquel año. Fueron una treintena los imputados, directivos del parque y empresarios, entre ellos: Vicente Conesa (al que se atribuye la cantidad más importante del fraude, 2,7 millones de euros) y dos de sus hijos; Antonio Moreno Carpio, José Herrero y tres ex consejeros de Terra Mítica (a la que se imputa un fraude de 180.000 euros), el ex presidente, Luis Esteban; el ex director general, Miguel Navarro; y el ex director de contrataciones Justo Valverde, quien fuera cuñado de Zaplana. Después de cuatro años de instrucción el caso Terra Mítica pierde, de momento, el núcleo de la investigación.