Los jueces ordenan poner fin a los vertidos de fosfoyesos en 2010
La Audiencia Nacional obliga a Fertiberia a presentar un aval de 22 millones
La Audiencia Nacional ha exigido a la empresa de abonos Fertiberia, situada en el Polo Químico de Huelva, el cese definitivo de los vertidos de fosfoyesos antes del 31 de diciembre de 2010. El auto del tribunal, con fecha de 14 de diciembre y notificada a las partes el viernes 18, desbarata completamente el plan global que la Junta de Andalucía y la compañía habían acordado el pasado octubre y que establecía un límite final de vertidos para diciembre de 2012.
Además, el auto exige el cumplimiento de otras tres obligaciones: el "inicio inmediato" de la "regeneración ambiental de los terrenos" de acuerdo con los estudios científicos solicitados por la Administración y de los que Fertiberia deberá dar cuenta "semestralmente"; la "prohibición de apertura de nuevas balsas", algo a lo que la empresa ya había accedido con anterioridad, y, por último, "la constitución de un aval que garantice la ejecución de las obras" de regeneración por un valor de 21,9 millones de euros. Roberto Ibáñez, director de Fertiberia en Huelva, declaró ayer, tras una reunión con la directiva nacional en Madrid, que recurrirán el auto al considerarlo "mal fundamentado". "Ha sido un mazazo muy grande que esperamos poder enmendar", aseguró.
El auto señala la ejecución provisional de una sentencia anterior por parte del mismo tribunal, de junio de 2007, en la que se ratificaba la caducidad de la concesión a Fertiberia declarada cuatro años antes, exactamente el 27 de noviembre de 2003. La Audiencia recoge en el escrito el "considerable impacto que el desarrollo de la actividad industrial está produciendo en valores medioambientales merecedores de protección" y recuerda que la orden de caducidad es de 2003 y la sentencia de conformidad de 2007, de forma que Fertiberia, según el escrito, ha tenido un "espacio temporal dilatado para ir adecuando su actividad a la nueva situación".
Sobre la recuperación y restauración de los terrenos, se deberá llevar a cabo "con arreglo a la normativa vigente en el momento de la declaración de caducidad", lo que implica el reconocimiento del principio "quien contamina paga".
La empresa Fertiberia, propiedad del grupo Villar Mir, acumula 75 millones de toneladas de fosfoyesos en unas 1.000 hectáreas de la marisma del río Tinto, junto a Huelva capital. En la fábrica onubense trabajan unas 350 personas. El plan global planeaba una salida inmediata de 64 empleados, mientras que otros irían saliendo paulatinamente hasta 2012. Quedarían finalmente unos 120, los más jóvenes, que se harían cargo de la planta reestructurada.
El presidente del comité de empresa, Manuel Rivero, reconoció ayer su decepción. "No hay forma de absorber el paro que va a generar esto, no sólo en Fertiberia sino en otras empresas que dependen de ella como Foret o Atlantic Cooper", sostuvo. Gregorio Falero, representante nacional de UGT, aseguró que un solo año "no es plazo suficiente para ejecutar las inversiones ni para que continúe la parte de la planta que no genera vertidos".
Los grupos ecologistas, por su parte, celebraron la noticia. "Desde el año 2003 que se declaró la caducidad, deberían haber hecho los deberes", declaró Rita Rodríguez, abogada de WWF. Esta organización también sostuvo que el auto es un "paso muy importante" y no sólo porque se adelanta la fecha. Según WWF, recoge la forma en la que se deberá llevar a cabo la regeneración de la marisma onubense, que se hará con garantías.
Las claves del auto
- Los vertidos de fosfoyesos deberán acabar antes del 31 de diciembre de 2010, dos años antes de lo previsto por la empresa y la Administración autonómica.
- Fertiberia debe comenzar de forma inmediata la "regeneración ambiental de los terrenos". La compañía deberá dar cuenta "semestralmente" de estas labores.
- La empresa deberá presentar un aval de 21,9 millones de euros que garantice la ejecución de la regeneración. "Quien contamina paga", dice el auto.
- La autorización para realizar los vertidos finalizó en 2003. Según la Audiencia Nacional, Fertiberia ha tenido desde entonces un "espacio temporal dilatado para ir adecuando su actividad a la nueva situación".
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