El TSJ antepone la protección al desarrollismo en el plan Rabassa

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha esgrimido el interés general de la defensa y protección del medio ambiente frente al modelo desarrollista a la hora de acordar la suspensión cautelar del Plan Rabassa (macroproyecto en la periferia norte de Alicante que prevé 13.503 casas sobre 4,1 millones de metros cuadrados). La paralización temporal del polémico y ambicioso plan fue acogida con satisfacción por los colectivos contrarios al programa y con cautela por el Ayuntamiento y el adjudicatario, el promotor Enrique Ortiz. La decisión afecta de lleno a la intención de Ikea de instalarse allí.

El auto, dictado el 9 de diciembre, responde a un recurso de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana a la aprobación definitiva del plan por parte del Consell el pasado mayo. El Gobierno exigió la suspensión cautelar porque el proyecto no tenía garantizados los recursos hídricos y se ha tramitado al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La sala da la razón al Ejecutivo en los dos apartados: en cuanto al agua señala que no está "especificado ni determinado" cómo se van a obtener los 5,5 hectómetros que la zona necesitará al año. Y respecto al segundo, el auto prima los criterios de sostenibilidad sobre los desarrollistas y señala que "no es aceptable" una reclasificación de suelo no urbanizable como plantea el plan fuera del PGOU.

Enrique Ortiz recurrirá y critica la indefensión jurídica de los promotores

El PAI también está recurrido por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), el PSPV a través del grupo parlamentario en las Cortes e Izquierda Unida. Los tres acogieron con satisfacción la decisión judicial y coincidieron al criticar la gestión urbanística del gobierno del PP, según ellos en función de los intereses de unos pocos y de espaldas al interés general.

La PIC señaló que la suspensión cautelar "es el principio del fin del secuestro de la ciudad por la especulación urbanística". El colectivo lamentó el "empecinamiento" del gobierno local del PP en defensa del plan.

Mientras, el PSPV a través de su portavoz municipal en Alicante, Roque Moreno, resaltó la oposición de su grupo al proyecto por su "insostenibilidad" y la "irresponsabilidad" de tramitarlo al margen del PGOU.

Y el coordinador de EU en Alicante, José Antonio Fernández Cabello, señaló que la suspensión del PAI es una "buena noticia" porque queda protegido el territorio y el espacio natural Las Lagunas de Rabassa.

Frente a estas críticas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, anunció que buscará que Ikea mantenga su compromiso de instalarse en Rabassa, pero de no lograrlo planteará otras alternativas.

La decisión fue un jarro de agua fría para el promotor Enrique Ortiz, que anunció un recurso: "Lo sentimos muchísimo, e intentaremos resolver los flecos que apunta el auto", dijo. El contratista defendió la legalidad del programa y resaltó que los recursos hídricos están garantizados. También que la tramitación al margen del PGOU es legal. Ortiz dijo contar ya con la financiación para comenzar las primeras 3.000 casas y lamentó la "indefensión jurídica" que sufren los promotores.