Las almadrabas hacen frente común para salvar el sector
El recorte del 40% de las cuotas de pesca las pone en peligro
Son pescadores, empresarios, sindicalistas, políticos, alcaldes. Todos persiguen un mismo propósito. Se han unido bajo el paraguas de una plataforma para defender la pesca artesanal mediante almadrabas, un sistema milenario para capturar en la costa gaditana el atún rojo que viaja hacia el Estrecho. El futuro de esta tradición que da trabajo a 400 personas en la provincia de Cádiz está en peligro tras el recorte de cuotas impuesta por las autoridades internacionales para salvar la especie. El máximo que puede caer en estas redes se ha bajado un 40%. El frente común exigirá reuniones con los altos mandatarios para buscar una solución, que pasa por reconfigurar las cuotas en España y la solicitud de subvenciones.
En la costa gaditana se instalan cada año cuatros almadrabas, las de Conil, Tarifa, Zahara y Barbate. El recorte ya ha provocado que los empresarios responsables de estas artes de pesca hayan previsto que no puedan abrir las cuatro. La previsión es que sólo lo puedan hacer dos. La plataforma ha nacido algunas semanas después de que el Icaat, el organismo que vela por el futuro del atún rojo, decidiera reducir el máximo de capturas para preservar la especie. En aquella reunión se llegó a plantear incluso la prohibición de la exportación, aunque finalmente esa medida no prosperó.
La plataforma contó con apoyos empresariales, sindicales, políticos y administrativos. "Hemos reaccionado en cuento hemos recibido el mazazo. Lo lógico hubiese sido que hubiesen reducido el 10% o, como mucho, el 20%. Pero el 40% es casi la mitad. Ya el año pasado la cuota marcada se quedó corta y dejó pérdidas económicas", lamentó el alcalde de Barbate, el socialista, Rafael Quirós.
Las primeras medidas ya se han tomado. La Diputación gaditana y el Parlamento andaluz han aprobado mociones en las que instan a la Junta a demandar al Gobierno la puesta en marcha de un programa de apoyo al colectivo. Una de las primeras exigencias ha sido reclamar una reunión con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para trasladarle la dureza de la situación de las almadrabas y su incierto futuro. Quieren que este encuentro se produzca en los próximos días porque las almadrabas deberían ser caladas en un año normal a partir de enero. Los empresarios recordaron que en la última década han pagado 40 millones de euros en impuestos. Su planteamiento es que parte de ese dinero reporte en estas compañías para salir de esta situación crítica.
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