Caamaño afirma que se investigará si se paga el desplazamiento de menores

Sin concretar demasiado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer que se abrirán diligencias penales y se investigará allí donde exista el "más mínimo indicio" de irregularidades en el pago del traslado de menores extranjeros. Caamaño respondió así, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, a una pregunta del diputado del PNV Emilio Olabarria, quien se interesó por si se está investigando el supuesto pago de billetes a menores extranjeros no acompañados tutelados en otras comunidades autónomas que recalan en Euskadi.

Es habitual que los menores inmigrantes salten de una comunidad autónoma a otra sin control alguno en busca de una mejor atención. Esto ha provocado que las comunidades que han ido creando recursos se hayan visto desbordadas por un efecto llamada que las convierte en destino predilecto de estos jóvenes. Olabarría no dudó en afirmar que personas que pertenecen al entorno de las administraciones públicas están pagando el billete para que los menores vayan al País Vasco, que ya triplica su capacidad de acogida, según sostuvo.

"Estamos ante un delito de tráfico ilegal de niños, ante el que el Ministerio Fiscal debe intervenir", recalcó el diputado del PNV. "Todos los menores comentan que alguien les ha pagado el billete para ir al País Vasco", añadió Olabarria, quien destacó las dificultades que encuentran las diputaciones forales -encargadas de la tutela de estos menores en Euskadi- para proporcionar la asistencia adecuada. Caamaño subrayó por su parte que el ministerio fiscal cumple "rigurosamente las funciones que la ley le encomienda", incluidas las que tienen que ver con la tutela de los extranjeros menores no acompañados.

700 en Euskadi

Olabarria recordó que los servicios asistenciales en Euskadi acogen a unos 700 menores, Canarias a 1.300 y Cataluña a más de 700; mientras que en Madrid sólo hay 120, en Valencia cerca de un centenar y en La Rioja se han negado a acoger a menores extranjeros.

Las instituciones vascas llevan varios años denunciando la llegada "subvencionada" de estos jóvenes. De momento, no ha trascendido que ninguna investigación del Ministerio Público profundizara en esta práctica. En algunas comunidades, como en Galicia, se abrieron diligencias que terminaron siendo archivadas.