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Dos de las cuatro plantas de Alfageme inician hoy la huelga

Los 330 trabajadores no han cobrado el mes de septiembre

Los encajes para hacer viables las factorías de Alfageme, que según la empresa pasan forzosamente por el plan de viabilidad (y por 64 despidos, la mayoría voluntarios) recibieron ayer el rechazo frontal de los sindicatos CIG y UGT desde la fábrica de Vigo. Las centrales comenzarán hoy una huelga intermitente de tres días este mes, -a la que no se unen las plantas de O Grove y Vilaxoán y sí la de Ribadumia-, para forzar un cambio en el consejo de administración y en la gestión de la conservera. Xosé Fernández Piñeiro, responsable de alimentación en CIG, cree que Promalar, la empresa inmobiliaria que ostenta la propiedad, no dará ninguna garantía a los trabajadores que se queden tras la regulación de empleo, y pidió ayer públicamente a la Xunta su apoyo para forzar un cambio de timón en la empresa a cuenta del respaldo público ya concedido y del que pueda darse en el futuro.

"Los nuevos propietarios [el empresario Juan Lago], recibieron avales para préstamos de 44 millones que se destinaron a otras actividades financieras y apenas significaron inversiones reales. Se fueron en pagos de indemnizaciones a fichajes de directivos galácticos, amortización de préstamos o deudas con proveedores" aseguró Fernández Piñeiro. Para el sindicato nacionalista, los intereses inmobiliarios están "por delante de los industriales" en la firma que opera con la marca Miau.

"Esto es una cuestión de atar cabos", señaló ayer Ricardo González, portavoz de UGT. Los trabajadores no han cobrado la nómina de septiembre y aseguran que "no hay un interlocutor", entre ellos y la empresa. Pero, pese a que dejaron caer que el dinero de los préstamos pudo utilizarse indebidamente, los representantes sindicales admitieron que "no es el momento adecuado", para acciones más allá de las denuncias ante los medios de comunicación. La empresa pretende cerrar las fábricas de Vigo y O Grove a la vez que solicita nuevos apoyos públicos a la Consellería de Economía. Su titular, Javier Guerra, afirmó ayer que estará dispuesto a facilitar más avales si "el plan de negocio presentado por la compañía va adelante y siempre que haya acuerdo con los trabajadores". Éstos replican que nuevas ayudas "no harían otra cosa que incrementar el pasivo hasta alcanzar 53 ó 54 millones de euros de deuda".

Según CIG, Caixanova es la principal entidad acreedora, con un préstamo de 35 millones, seguida del Banco Popular.

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